Periódico Policial – El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre una nueva campaña de phishing en la que ciberdelincuentes suplantan la identidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil e INCIBE con el objetivo de extorsionar a los ciudadanos mediante correos electrónicos fraudulentos.
El engaño consiste en el envío de mensajes en los que se acusa falsamente al destinatario de haber cometido delitos relacionados con el consumo de contenido pornográfico. Junto al correo se adjunta un documento que simula ser una notificación oficial y en el que se amenaza a la víctima con una supuesta detención si no responde en un plazo inferior a 48 horas.
El objetivo de los delincuentes es generar miedo para que la víctima responda al mensaje y facilite información personal o continúe una conversación que posteriormente puede derivar en solicitudes de dinero bajo la apariencia de multas o sanciones inexistentes.
Utilizan nombres y logotipos oficiales para dar credibilidad al fraude
INCIBE explica que esta no es la primera vez que se detecta una campaña de estas características. Los estafadores emplean nombres, logotipos e imágenes de organismos oficiales para intentar dotar de credibilidad al engaño.
Entre ellos figuran la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, Europol, Interpol e incluso el propio INCIBE, presentando falsas comunicaciones que aparentan proceder de estas instituciones.
Sin embargo, el organismo recuerda que ninguno de estos cuerpos envía este tipo de requerimientos por correo electrónico ordinario ni amenaza con detenciones inmediatas por no contestar un mensaje.
Errores que delatan el fraude
El análisis realizado por INCIBE identifica numerosos indicios que permiten detectar el engaño.
Los correos proceden de direcciones ajenas a los dominios oficiales, utilizando cuentas de correo falsas o incluso cuentas legítimas pertenecientes a otras empresas que habrían sido comprometidas para distribuir el fraude.
Además, los mensajes emplean saludos genéricos como “Hola”, cuando una comunicación oficial incluiría la identificación completa del destinatario.
Los documentos adjuntos también presentan numerosas anomalías, como traducciones automáticas, errores ortográficos, palabras inexistentes, frases incompletas y nombres mal escritos de responsables policiales.
Entre los fallos detectados aparece incluso la utilización del término “GOBERNOTEC DE ESPAÑA”, fragmentos de texto sin terminar y errores en el apellido del director general de la Policía.
Los ciberdelincuentes también incorporan de forma desordenada sellos, logotipos oficiales y distintivos de diferentes organismos nacionales e internacionales para intentar reforzar la apariencia de autenticidad del documento.
Amenazas falsas para generar miedo
Otra de las características de esta campaña son los plazos extremadamente reducidos para responder.
Los delincuentes exigen contestar en 48 o 72 horas, asegurando que, de no hacerlo, la víctima será detenida o que su supuesto expediente será difundido en medios de comunicación.
INCIBE recuerda que este tipo de amenazas carecen de fundamento y que las administraciones públicas utilizan siempre los procedimientos legalmente establecidos para realizar cualquier notificación.
Qué hacer si se recibe uno de estos correos
INCIBE recomienda no responder al mensaje, eliminarlo inmediatamente y comunicar el intento de fraude.
Responder al correo únicamente confirma a los delincuentes que la cuenta de correo está activa, aumentando las posibilidades de recibir nuevos intentos de estafa.
Si la víctima ya ha respondido o ha seguido las instrucciones indicadas en el mensaje, el organismo aconseja llamar al 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, donde especialistas ofrecen asesoramiento personalizado.
Asimismo, recomienda conservar todas las pruebas disponibles —como capturas de pantalla, correos electrónicos, justificantes o mensajes— y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Como medida preventiva adicional, INCIBE aconseja revisar periódicamente la información personal disponible en Internet para detectar posibles usos no autorizados de datos personales y, en caso necesario, ejercer el derecho al olvido a través de la Agencia Española de Protección de Datos.
