Desarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas en España

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres venezolanas en distintas localidades de España. La operación se ha saldado con la detención de 17 personas en las provincias de Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo, además de la identificación de 14 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Tres de los principales responsables de la red han ingresado en prisión provisional.

La investigación se inició en agosto de 2025 después de que dos testigos informaran a la Policía sobre la posible existencia de varias mujeres venezolanas que estaban siendo explotadas en pisos utilizados para ejercer la prostitución en Tenerife. A partir de ese momento, las pesquisas permitieron localizar nuevas víctimas tanto en la isla como en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, lo que llevó a los agentes a descubrir la estructura y el funcionamiento de la organización.

En una primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres miembros de la red, entre ellos algunos de sus principales responsables. Posteriormente, en mayo, se practicaron otras dos detenciones relacionadas con la investigación.

El avance de las pesquisas permitió confirmar la existencia de un entramado criminal asentado principalmente en Madrid y Tenerife, integrado por al menos once miembros y apoyado por diversos colaboradores que facilitaban viviendas destinadas a la explotación sexual. Las víctimas eran trasladadas con frecuencia entre inmuebles situados en Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de reforzar el control sobre ellas y aumentar los beneficios obtenidos por la organización.

Según la investigación, las mujeres eran captadas en Venezuela aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica. La organización les ofrecía falsas oportunidades y facilitaba su llegada a España bajo aparentes motivos turísticos. Una vez en territorio nacional, contraían deudas que oscilaban entre los 7.000 y los 9.000 euros, cantidades que debían devolver ejerciendo la prostitución.

Al llegar a España eran trasladadas a los pisos controlados por la organización, donde comenzaba su explotación. Los investigados gestionaban sus cuentas bancarias, administraban los anuncios publicados en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y controlaban los ingresos obtenidos.

Las víctimas vivían sometidas a una vigilancia constante y a estrictas normas impuestas por la organización. Debían permanecer disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, no podían rechazar clientes ni negarse a determinadas prácticas sexuales y, según la investigación, eran obligadas a continuar ejerciendo incluso durante periodos de menstruación. Además, no podían abandonar solas los inmuebles y eran vigiladas mediante cámaras instaladas en los pisos.

La red utilizaba diferentes mecanismos para prolongar la situación de explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas. Asimismo, retiraban la documentación personal de las mujeres y las amenazaban tanto a ellas como a sus familiares en Venezuela para impedir que abandonaran la organización.

Las víctimas aseguraban temer las represalias debido a que los investigados se presentaban como integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, utilizando esta supuesta vinculación para reforzar las amenazas y mantener el control sobre ellas.

Como resultado final de la operación, la Policía Nacional ha detenido a 17 personas, doce en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y una en Toledo. Además de las 14 víctimas identificadas, los investigadores han localizado a otras 12 posibles víctimas relacionadas con la actividad de la organización.

Durante los registros y actuaciones policiales fueron intervenidos 800 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y abundante documentación relacionada con la investigación. Asimismo, se procedió al bloqueo de 14 activos financieros utilizados presuntamente para canalizar los beneficios económicos obtenidos por la red criminal.

La investigación continúa abierta y los agentes mantienen las gestiones para identificar a otras personas que habrían colaborado con la organización desde Venezuela, especialmente en las labores de captación de nuevas víctimas.