Análisis de la interceptación marítima de migrantes y sus límites jurídicos en Ceuta y Melilla, a raíz de la STS 814/2026 de 29 de junio.

El caso resuelto trae causa de un ciudadano argelino interceptado el 14 de noviembre de 2024 mientras intentaba entrar a nado en Ceuta, y entregado de inmediato a Marruecos sin procedimiento, asistencia letrada ni intérprete. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ceuta y el TSJ de Andalucía declararon nula la actuación por vía de hecho; el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la Abogacía del Estado y fija doctrina.

La disposición adicional décima LO de Extranjería “Régimen especial de Ceuta y Melilla” (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), exige, acumulativamente, que la persona sea detectada en la línea fronteriza mientras intenta superar elementos de contención fronterizos —vallas, muros, barreras—, y con respeto de la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional.

 Apoyándose en la doctrina constitucional de las SSTC 172/2020 y 13/2021, la Sala rechaza una lectura expansiva que convierta el precepto en habilitación general para cualquier entrega inmediata en la frontera marítima. La regla resultante es clara: quien es interceptado a nado, sin superar una barrera física o personal de contención, no puede ser objeto de rechazo en frontera; procede la devolución del art. 58.3.b LOEx, tramitada con sus garantías. El Tribunal deja abierta —sin definirla— la posibilidad de que existan verdaderos elementos de contención marítimos cuya superación sí activaría la disposición adicional décima.

Elemento central para la práctica policial: la sentencia equipara vigilancia a detección, no a contención. Drones, cámaras térmicas, sensores y radares permiten localizar y coordinar la intervención, pero no retienen físicamente a nadie; por sí solos, no sustituyen a una barrera material. El momento de la detección tecnológica no determina, por tanto, el régimen jurídico aplicable a la actuación posterior, que dependerá del modo concreto de acceso.

La consecuencia práctica inmediata es que: toda intervención debe registrar con precisión el lugar exacto, la distancia a la costa, el medio de acceso, la existencia o no de barrera de contención y los medios tecnológicos usados, junto con la identificación de vulnerabilidades, manifestaciones de temor a regresar y solicitudes de protección internacional. Solo así podrá sostenerse después si procedía devolución o —excepcionalmente— rechazo, y solo así se garantizan efectivamente la asistencia letrada, el intérprete y el principio de no devolución, que la urgencia operativa no puede convertir en trámites formales.

Los hechos de Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026 plantean una cuestión distinta a la resuelta por el Tribunal Supremo: no ya qué régimen de extranjería corresponde a cada interceptado, sino si la entrada masiva respondió a una operación organizada y coordinada desde el extranjero. Por auto de 7 de septiembre de 2026, la Audiencia Nacional declara su competencia y aprecia, con carácter provisional —sin que ello implique acreditación de delito alguno—, indicios en tres ámbitos. (https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Oficina-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/La-Audiencia-Nacional-acuerda-investigar-la-entrada-masiva-irregular-en-Ceuta-al-ser-un-ataque-grave-contra-la-integridad-territorial-de-Espana-y-afectar-a-la-paz-o-independencia-del-Estado. “La Audiencia Nacional acuerda investigar la entrada masiva irregular en Ceuta al ser un ataque grave contra la integridad territorial de España y afectar a la paz o independencia del Estado”.)

En primer lugar, un posible delito contra la paz o la independencia del Estado del art. 590.1 CP, que castiga provocar o dar motivo, mediante actos ilegales, a una declaración de guerra contra España o a la exposición de españoles a vejaciones o represalias; la instrucción deberá acreditar qué conductas concretas, de quién y con qué finalidad, guardan relación causal con ese resultado. En segundo lugar, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis CP —promoción, favorecimiento o facilitación de la inmigración clandestina, agravados por la puesta en peligro de la vida o la integridad— en conexidad con los homicidios imprudentes del art. 142 CP por los fallecimientos ocurridos durante la travesía; aquí la instrucción deberá esclarecer cómo se movilizó a las personas, qué medios de flotación e información recibieron y qué papel tuvo cada eventual organizador, sin trasladar automáticamente esa responsabilidad al conjunto de quienes se desplazaron. En tercer lugar, una posible organización criminal del art. 570 bis CP, que exige algo más que coordinación ocasional: estabilidad, reparto funcional de tareas, concierto y finalidad delictiva, con distinción entre promotores, organizadores, coordinadores y meros partícipes; el auto recoge indicios de distintos niveles de actuación —desde promotores digitales hasta organizadores sobre el terreno—, extremo que justifica la investigación, no que la prejuzga.

El auto sitúa estos hechos en el marco de la llamada «guerra híbrida» o de «zona gris», con la posible instrumentalización de flujos migratorios como forma de presión sobre el Estado, por la singular sensibilidad fronteriza de Ceuta y Melilla. La responsabilidad penal exige siempre tipicidad, autoría y prueba de conductas concretas, no la mera invocación de esa categoría. La competencia de la Audiencia Nacional se sustenta en el art. 23 LOPJ, que atribuye jurisdicción española sobre delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y sobre determinadas formas de criminalidad organizada cometidos, total o parcialmente, fuera del territorio nacional. Especial cautela merece la eventual participación de personas vinculadas a estructuras de seguridad marroquíes: una cosa es la responsabilidad penal individual que pudiera acreditarse, otra la existencia de una organización criminal, y otra distinta la atribución internacional de una conducta al Estado marroquí como sujeto de Derecho internacional. La instrucción debe partir de personas, conductas y pruebas concretas antes de proyectar cualquier consecuencia sobre esos planos.

La apertura de la causa penal no desplaza la legislación de extranjería respecto de quienes intentaron entrar irregularmente: la eventual existencia de una operación organizada no convierte automáticamente a todos los desplazados en miembros de esa organización ni transforma su situación administrativa en una cuestión exclusivamente penal. Cada persona debe individualizarse. Por ello coexisten, sin excluirse, un plano administrativo —la situación de extranjería de cada interceptado, con sus garantías y su eventual necesidad de protección internacional— y un plano penal —la responsabilidad de quienes, en su caso, hubieran promovido, organizado, facilitado o dirigido la operación—. Distinguir migrante, facilitador y organizador es indispensable tanto para proteger los derechos de los primeros como para dirigir la investigación penal contra quienes efectivamente pudieran tener responsabilidad.

De ambas resoluciones se deriva un protocolo de actuación en dos niveles. El primero, de carácter administrativo en el ámbito de la ley de extranjería: asegurada la vida e integridad de los interceptados, debe determinarse el lugar exacto, el medio de acceso y la existencia o no de barrera de contención, identificar situaciones de vulnerabilidad y necesidades de protección internacional, y motivar individualmente la aplicación de devolución (regla general en ausencia de barrera) o, excepcionalmente, de rechazo en frontera (solo ante superación de un verdadero elemento de contención), garantizando siempre asistencia letrada e intérprete.

El segundo nivel, penal, se activa cuando existan indicios objetivos de organización o coordinación externa: procede entonces identificar y documentar horarios y secuencias de desplazamiento, puntos de concentración, medios de transporte y flotación, comunicaciones y dispositivos empleados, posibles personas con funciones de dirección o coordinación, así como imágenes y registros de los sistemas de vigilancia, y dar traslado a las unidades competentes. La trazabilidad completa de la intervención, datos temporales y geográficos, manifestaciones de los interceptados, informes médicos, constancia de asistencia letrada e intérprete, fundamento jurídico de la decisión administrativa adoptada, protege simultáneamente los derechos de las personas, la actuación de los agentes y la integridad de una eventual investigación judicial posterior.

La STS 814/2026 delimita el poder de actuación inmediata frente a la entrada irregular en el mar: detectar no equivale a contener, y localizar a una persona en aguas próximas a Ceuta o Melilla no autoriza, por sí solo, un rechazo en frontera. El Auto de la Audiencia Nacional de septiembre de 2026 añade un segundo plano: cuando existen indicios de que una entrada masiva pudo haber sido organizada o instrumentalizada desde el extranjero, la respuesta jurídica puede trascender la normativa que prevé la Ley de extranjería y alcanzar el Código Penal, a través de tipos penales concretos, arts. 590.1, 318 bis, etc, que indica el Auto de la Audiencia Nacional mencionado supra. No obstante, la existencia de una posible estructura organizada convierte automáticamente a los migrantes en responsables penales: su situación individual sigue sometida a la legislación de extranjería y a sus garantías. La tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es, en consecuencia: garantizar una actuación fronteriza ajustada a la LOEx y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. Y simultáneamente, preservar los indicios que permitan investigar a quienes pudieran encontrarse detrás de una presunta operación organizada.

STS 814/2026, de 29 de junio, Roj: STS 2965/2026, recurso de casación 3795/2025.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (disp. adic. décima y art. 58).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 142, 318 bis, 570 bis y 590).

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 23).

Auto de la Audiencia Nacional de 7 de septiembre de 2026, sobre la investigación de la entrada masiva irregular en Ceuta. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Oficina-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/La-Audiencia-Nacional-acuerda-investigar-la-entrada-masiva-irregular-en-Ceuta-al-ser-un-ataque-grave-contra-la-integridad-territorial-de-Espana-y-afectar-a-la-paz-o-independencia-del-Estado. “La Audiencia Nacional acuerda investigar la entrada masiva irregular en Ceuta al ser un ataque grave contra la integridad territorial de España y afectar a la paz o independencia del Estado”.

Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.