Atrapados en la «Hora de Oro» La brecha formativa, legal y material que expone a la Policía en las catástrofes. Cuando la emergencia llega antes que los especialistas

Atrapados en la «Hora de Oro»

La brecha formativa, legal y material que expone a la Policía en las catástrofes. Cuando la emergencia llega antes que los especialistas

En una catástrofe, el tiempo no se comporta como en un procedimiento administrativo. No espera a que se active un plan, a que llegue un equipo especializado ni a que se constituya formalmente un dispositivo de emergencia. Cuando el agua comienza a entrar en un garaje, una carretera queda convertida en un cauce, un árbol cae sobre una vía o una estructura amenaza con desplomarse, alguien tiene que estar allí. Con frecuencia, ese alguien es una patrulla: una dotación de Policía Local que recibe el aviso de un vehículo atrapado en un paso inferior, una patrulla de Policía Nacional enviada a comprobar una incidencia durante un temporal, una pareja de la Guardia Civil que llega a una carretera anegada antes que los equipos especializados o una unidad autonómica que debe cortar una vía, evacuar una zona o localizar a personas aisladas.

No siempre disponen de medios de rescate ni han sido activados como unidades especializadas y, sin embargo, la realidad puede colocarlos ante decisiones que tendrán consecuencias irreversibles. Esa es la contradicción que atraviesa este reportaje: el sistema español de emergencias dispone de una arquitectura normativa y operativa desarrollada, pero la primera respuesta continúa descansando, en buena medida, sobre profesionales cuya misión ordinaria no es el rescate técnico y que pueden verse obligados a actuar antes de que lleguen quienes sí están específicamente preparados para ello.

La denominada «hora de oro» resulta útil para describir la importancia crítica de los primeros minutos, aunque no debe interpretarse como un límite temporal universal aplicable a cualquier emergencia. Cada incidente tiene su propia dinámica y cada víctima presenta unas circunstancias diferentes. Lo que sí existe es una constante: las primeras decisiones pueden determinar la evolución posterior de una emergencia.

La respuesta, por tanto, no puede obtenerse únicamente leyendo las normas. Hay que observar qué ocurre cuando el agua sube, cuando la visibilidad desaparece, cuando el suelo deja de ser estable o cuando un agente debe decidir en segundos si aproximarse, evacuar, cortar una vía o esperar. Porque entre lo que establece el sistema y lo que encuentra el policía cuando abre el maletero puede existir una distancia considerable.

Una arquitectura legal extensa, pero fragmentada

España dispone de un entramado normativo amplio para organizar la respuesta ante las emergencias y proteger a quienes intervienen en ellas. La Constitución proporciona el marco general: el artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral; el artículo 30.4 permite establecer legalmente deberes de los ciudadanos ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; y el artículo 104 atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Sobre esta base se desarrolla el Sistema Nacional de Protección Civil. La Ley 17/2015 configura la protección civil como un servicio público destinado a proteger a las personas y bienes y articula un ciclo que comprende la prevención, la planificación, la respuesta, la recuperación y la evaluación. La prevención ocupa así una posición estructural, no meramente auxiliar, dentro de la gestión de las emergencias.

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 524/2023, desarrolla esta arquitectura y establece las bases para la identificación de riesgos, la planificación, la implantación y mantenimiento de los planes, su evaluación y la coordinación de los servicios de intervención y asistencia. El sistema contempla distintos riesgos, entre ellos inundaciones, terremotos, maremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y determinados accidentes tecnológicos.

Para la actividad policial resulta especialmente relevante el principio de especialidad. Los servicios que intervienen en una emergencia deben aportar las capacidades correspondientes a sus funciones y competencias. La existencia de una obligación de auxilio no significa que todos los profesionales dispongan de idénticas capacidades técnicas.

Esta distinción evita una confusión frecuente: la obligación de intervenir no equivale a la obligación de asumir cualquier riesgo ni convierte a cualquier agente en especialista en rescate. La actuación policial debe situarse dentro de las capacidades disponibles y de la organización establecida para la emergencia.

La Ley Orgánica 2/1986 sitúa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en una posición relevante ante accidentes, catástrofes y calamidades públicas. Esa posición explica que las patrullas aparezcan repetidamente en las primeras fases de las emergencias: son servicios próximos al ciudadano, con presencia territorial permanente y capacidad inmediata de respuesta.

La Unidad Militar de Emergencias, los cuerpos de bomberos, los servicios sanitarios, los grupos especializados de las distintas policías y otros recursos de intervención aportan capacidades que no pueden ser sustituidas por la patrulla ordinaria. Pero cuando esos medios llegan, alguien ya ha tenido que actuar: cerrar una carretera, impedir el acceso a una zona peligrosa, localizar una víctima, transmitir información o iniciar una evacuación.

La cuestión preventiva comienza precisamente ahí: qué se espera razonablemente del primer interviniente antes de que llegue el especialista.

La prevención de riesgos laborales llega también al escenario extraordinario

La legislación preventiva introduce un segundo nivel esencial. La Ley 31/1995 reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud y establece el correspondiente deber de protección de las Administraciones respecto de su personal. El artículo 15 obliga a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que no puedan evitarse, mientras que el artículo 16 vincula la planificación preventiva a la evaluación de los riesgos. El artículo 17 exige que los equipos de trabajo sean adecuados para la tarea y establece la obligación de proporcionar equipos de protección individual adecuados cuando resulten necesarios.

El artículo 19 añade una cuestión particularmente relevante: la formación debe ser teórica y práctica, suficiente y adecuada, estar centrada específicamente en el puesto o función y adaptarse a la evolución de los riesgos. La prevención, por tanto, no puede limitarse al funcionamiento ordinario del servicio cuando existen escenarios extraordinarios que forman parte de la exposición razonablemente previsible.

En el ámbito policial, estos principios deben analizarse conjuntamente con la normativa específica de cada cuerpo. La Policía Nacional y la Guardia Civil disponen de sus respectivos marcos preventivos, mientras que las policías autonómicas y locales se integran en las estructuras organizativas y normativas correspondientes.

No sería razonable exigir idénticas medidas a una patrulla urbana, a una unidad que trabaja habitualmente en montaña o a un servicio policial desplegado en una zona litoral sometida a temporales. La prevención debe guardar relación con la actividad real, el territorio y los escenarios previsibles.

De ahí se desprende una idea sencilla, pero fundamental: no es la excepcionalidad del episodio la que determina la obligación preventiva, sino su previsibilidad y la exposición que genera para quienes deben intervenir.

Una inundación que históricamente ha afectado a una determinada zona, los temporales recurrentes en el litoral, las nevadas en determinadas áreas o la existencia de pasos inferiores susceptibles de inundación forman parte de un contexto que puede y debe ser analizado antes de que vuelva a producirse el episodio. La prevención debe seguir al riesgo.

La paradoja formativa: conocer el plan no significa saber actuar dentro de él

Una de las principales debilidades potenciales del sistema se encuentra en la distancia entre el conocimiento documental y la competencia operativa. Un agente puede conocer la existencia de un plan de emergencia y no haber participado nunca en un ejercicio que reproduzca las condiciones reales de una inundación repentina. Puede saber qué significa una evacuación y no haber tenido que decidir qué zona debe cerrar cuando el agua comienza a cruzar una carretera.

La diferencia entre saber y saber hacer resulta decisiva en una emergencia. La formación inicial proporciona los fundamentos, pero las capacidades operativas necesitan actualización cuando cambian los vehículos, las comunicaciones, los procedimientos, los riesgos o las condiciones del entorno.

Para el primer interviniente, las competencias esenciales deberían concentrarse en la lectura dinámica del escenario, la autoprotección, la identificación de zonas inseguras, la comunicación de información útil, la gestión inicial de una evacuación, los primeros auxilios y la toma de decisiones bajo presión.

No se trata de reproducir la capacitación de una unidad especializada. La finalidad es establecer un nivel de competencia que permita actuar durante esos primeros minutos sin añadir nuevas víctimas y facilitar posteriormente la intervención de los especialistas.

Hay, además, una competencia que suele recibir menos atención: saber cuándo no intervenir físicamente. En determinadas emergencias, especialmente en inundaciones, corrientes de agua, incendios estructurales o edificios inestables, aproximarse sin medios adecuados puede convertir al rescatador improvisado en una segunda víctima.

La capacidad profesional no se demuestra únicamente entrando en una zona peligrosa. También puede demostrarse manteniendo una distancia segura, aislando el escenario y proporcionando a los especialistas la información necesaria para intervenir.

El cabrestante: una herramienta que exige competencia

El cabrestante o winch representa de forma especialmente clara la relación entre equipo y capacidad. Un dispositivo de este tipo puede resultar útil para determinadas operaciones con vehículos, pero la tensión de la línea, los puntos de anclaje, los ángulos de tiro, la capacidad de carga y la trayectoria de la línea generan riesgos que no desaparecen por el hecho de encontrarse instalado en un vehículo policial.

La presencia del cabrestante debería ir acompañada de criterios definidos sobre su utilización. No basta con saber activar el mecanismo; es necesario comprender las condiciones que permiten emplearlo y aquellas que obligan a solicitar apoyo especializado.

La pregunta preventiva, por tanto, no es únicamente si un vehículo dispone de cabrestante. Es si existe una capacidad operativa real para utilizarlo con seguridad.

El mismo principio resulta aplicable a cualquier otro equipo técnico. La utilidad de una herramienta depende de su adecuación al riesgo, de su mantenimiento y de la capacidad de quien la utiliza. De lo contrario, puede generar una falsa sensación de seguridad.

El maletero de la patrulla: entre la dotación ordinaria y la emergencia

La expresión «maletero vacío» debe entenderse como una metáfora de una cuestión más profunda, no como una afirmación de que todos los vehículos policiales carezcan de material. Las dotaciones varían considerablemente entre cuerpos, unidades, Administraciones y servicios. El problema aparece cuando se pretende afrontar un escenario extraordinario exclusivamente con los medios previstos para una actividad ordinaria.

La pregunta correcta no es cuánto material puede introducirse en una patrulla, sino qué elementos son razonablemente necesarios para los escenarios que esa patrulla puede encontrar.

En función de la evaluación de riesgos, una dotación puede requerir guantes técnicos, medios de control de hemorragias, mantas térmicas, iluminación autónoma, elementos de señalización o determinados equipos destinados a proteger frente a riesgos concretos. El criterio debe ser siempre la relación entre exposición y protección.

Los guantes policiales ordinarios no tienen necesariamente las mismas prestaciones que un guante técnico de intervención o rescate. Manipular cristales, chapas, ramas, escombros o elementos cortantes exige valorar riesgos de corte, abrasión, punción y contaminación.

Lo mismo ocurre con la protección de la cabeza. Cuando existe riesgo de impacto, caída de objetos, derrumbe o intervención en estructuras dañadas, puede ser necesaria una protección cefálica específicamente seleccionada para el riesgo.

En esos escenarios puede resultar apropiado disponer de un casco de intervención y rescate técnico, tipo Gallet/F2 o equivalente (con protección visual), siempre que el modelo concreto reúna las prestaciones y certificaciones correspondientes al uso previsto. La referencia a Gallet debe entenderse como ejemplo de una tipología de casco y no como una exigencia de una marca comercial. Entre las referencias técnicas aplicables se encuentra la UNE-EN 16473:2014, relativa a cascos para rescate técnico.

La elección del casco tampoco debe realizarse por simple disponibilidad. El casco antidisturbios responde a una finalidad operativa diferente y, dependiendo de su configuración, puede condicionar el campo visual y la percepción del entorno. En actuaciones delicadas de aproximación, evacuación, asistencia a víctimas o valoración dinámica del riesgo, esa percepción puede adquirir especial importancia.

Por ello, cuando la actividad corresponda a una intervención de emergencia o rescate técnico, la protección cefálica debería seleccionarse para esa función. Esto no significa que el casco antidisturbios sea inadecuado en términos generales, sino que la protección debe corresponder al riesgo y a la tarea concreta.

La protección respiratoria requiere igualmente precisión. Una mascarilla FFP3 proporciona protección frente a determinadas partículas y aerosoles, pero no constituye protección universal frente a gases o vapores. La selección debe responder al contaminante identificado o razonablemente previsible.

En las intervenciones en agua ocurre algo similar. Trabajar junto a un río, una rambla o el mar no convierte a una patrulla en una unidad de rescate acuático. Cuando la intervención acuática forma parte de las funciones previstas, la organización debe contar con las capacidades específicas correspondientes. Cuando no es así, el procedimiento debe establecer con claridad hasta dónde puede llegar la actuación policial inicial.

La cuestión, en definitiva, no es llenar un maletero. Es conseguir que exista correspondencia entre riesgo, capacidad y protección.

Una historia de tragedias que no debería olvidarse

La vulnerabilidad del primer interviniente no es una hipótesis reciente ni una consecuencia exclusiva de las últimas DANAs. España acumula episodios en los que policías y guardias civiles han perdido la vida mientras auxiliaban a ciudadanos durante inundaciones, temporales o rescates en condiciones extremas.

Uno de los antecedentes más significativos se produjo durante las inundaciones del Nervión de agosto de 1983. La Guardia Civil puso sus efectivos a disposición de las autoridades y participó en evacuaciones, traslado de heridos y otras labores humanitarias. Durante las operaciones murieron cuatro guardias civiles: el teniente Alejo García García, y los guardias Miguel Salgado Peña, Luis Postigo Cabello y Pedro Narbona Bustamante. Su vehículo fue arrastrado por el agua cuando intentaban poner a salvo a una joven de 16 años, que también falleció. La Guardia Civil documenta el episodio y la concesión póstuma de la Medalla de Oro de Protección Civil a los familiares de los agentes.

La magnitud de aquella catástrofe resulta especialmente significativa desde la perspectiva preventiva. La riada afectó a numerosas localidades y sometió a los servicios públicos a unas condiciones extraordinarias, con inundaciones, aislamiento, problemas de comunicaciones y necesidad de evacuaciones.

En junio de 2000, otra tragedia afectó a la Guardia Civil durante un temporal en Cataluña. Dos agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Barcelona participaban en la búsqueda de personas arrastradas por la crecida del Llobregat cuando la embarcación en la que rastreaban el río volcó. Manuel Fernández Sánchez Garzón murió y Cristóbal Moreno Farfán desapareció inicialmente durante la operación; el cuerpo de este último fue recuperado a las 24 horas.

El episodio tiene una particular relevancia porque los agentes pertenecían a una unidad especializada. Demuestra que la especialización reduce determinados riesgos, pero no elimina la exposición cuando las condiciones del medio cambian de manera brusca.

En enero de 2012 se produjo la tragedia del Orzán. En la playa de la ciudad herculina, durante un fuerte temporal, los policías nacionales Javier López López, Rodrigo Maseda Lozano y José Antonio Villamor Vázquez acudieron al auxilio de un joven atrapado en el mar. Los tres agentes murieron arrastrados por el oleaje.

El caso se convirtió en uno de los episodios más conocidos de la historia reciente de la Policía Nacional y constituye un ejemplo extremo de la dificultad de intervenir ante un medio dinámico y de elevada energía.

En marzo de 2018, el cabo primero de la Guardia Civil Diego Díaz Díaz murió en Guillena, Sevilla, cuando auxiliaba a personas en las inmediaciones del arroyo Galapagar. Fue arrastrado por la corriente durante las labores de auxilio.

En septiembre de 2022, el policía local de Calp (Alicante), Juan Manuel Policarpo Moll murió mientras intentaba auxiliar al ocupante de un vehículo atrapado por el agua en la zona de Calp y Benissa. El agente cayó a la corriente y fue arrastrado por el agua.

Estos episodios no constituyen una estadística completa de la siniestralidad policial asociada a emergencias. Son casos documentados que permiten observar una realidad más amplia: cuando la amenaza para un ciudadano es inmediata, el policía puede verse situado ante un dilema en el que el tiempo apremia y las condiciones del escenario evolucionan con rapidez.

La historia demuestra que esa exposición no pertenece a una época concreta ni a un único cuerpo.

La Dana de 2024: cuando la catástrofe alcanza también a quienes tienen que responder

La DANA del 29 de octubre de 2024 representó una prueba extraordinaria para el sistema de emergencias español. Las inundaciones afectaron a población, infraestructuras, carreteras, vehículos y edificios públicos, incluidos espacios destinados precisamente a la seguridad y la respuesta.

En Paiporta, la Guardia Civil confirmó el fallecimiento de Adolfo Torres Lafuente, de 51 años, y de la pareja de otro agente, Nuria Navas Zapata, después de que ambos quedaran atrapados en el acuartelamiento. La precisión es importante porque durante las primeras horas circularon informaciones que atribuían dos fallecimientos a miembros de la Guardia Civil. Posteriormente se confirmó que una de las víctimas era la pareja de otro agente.

La situación puso de manifiesto un riesgo que no siempre recibe suficiente atención: una instalación policial también puede quedar dentro de la zona de peligro. Un cuartel o una comisaría no deja de estar expuesto porque tenga una función de seguridad.

En la ciudad de Valencia también falleció un policía local durante la DANA. El agente se encontraba entre las víctimas localizadas en un garaje de la pedanía de La Torre.

Los garajes y sótanos constituyen uno de los escenarios particularmente peligrosos de una inundación súbita. El agua puede entrar con rapidez, desplazar vehículos, inutilizar puertas, cortar la iluminación y dificultar la evacuación. El escenario cambia además de manera radical cuando los vehículos comienzan a flotar o a desplazarse.

La respuesta policial durante la DANA alcanzó una dimensión extraordinaria. Los agentes participaron en rescates, evacuaciones, vigilancia, regulación del tráfico, localización de personas, protección de bienes y mantenimiento de la seguridad en zonas donde las infraestructuras habían quedado seriamente dañadas.

La DANA mostró, además, que el riesgo para los profesionales no termina cuando cesa la lluvia. Después aparecen barro, residuos, posibles contaminantes, instalaciones dañadas, riesgos eléctricos, vehículos desplazados, agotamiento y necesidad de mantener durante horas una capacidad operativa elevada. La catástrofe no termina necesariamente cuando deja de llover.

El riesgo continúa después de la inundación

El caso de Jerez de la Frontera, ocurrido en febrero de 2026, introduce otra dimensión del problema. La agente de la Policía Nacional Carmen Nieves Morales Téllez, de 43 años, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y al Grupo de Atención al Ciudadano Jerez 105, falleció cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones de la zona rural de El Portal. Según informó EFE, la agente sufrió un colapso mientras conducía por la A-4 durante el regreso del dispositivo.

No corresponde convertir este caso, sin una investigación médica y causal completa, en una conclusión automática sobre las condiciones de trabajo. Sí permite recordar una cuestión preventiva que a menudo queda fuera del análisis: la emergencia no termina necesariamente cuando el agente abandona el escenario físico de intervención.

Una intervención prolongada puede implicar exposición ambiental, esfuerzo sostenido, tensión psicológica, conducción, alteración de los horarios habituales y recuperación insuficiente. Todos estos factores forman parte de la gestión global del servicio.

La fatiga merece una consideración específica. En emergencias prolongadas existe una tendencia comprensible a mantener disponibles todos los efectivos posibles, pero la atención humana tiene límites. El deterioro de la vigilancia, la capacidad de reacción o la toma de decisiones puede convertirse en un riesgo adicional.

Por eso la organización de los relevos no debe considerarse una cuestión secundaria. La recuperación forma parte de la continuidad operativa.

La secuencia histórica analizada también confirma que la exposición afecta a distintos cuerpos. Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales aparecen en diferentes episodios y territorios. Cambian los escenarios, pero permanece una característica común: el profesional de seguridad puede convertirse en interviniente dentro de una emergencia que inicialmente no formaba parte de su misión especializada.

Las secuelas que no aparecen en el parte de lesiones

La catástrofe tampoco termina necesariamente cuando el agua baja. Un agente puede regresar a su domicilio después de haber visto cadáveres, escuchado gritos durante horas, encontrado personas atrapadas o participado en rescates imposibles. Puede haber tenido que decidir qué persona atender primero, abandonar una zona en la que sabía que permanecían personas o presenciar la muerte de un ciudadano.

La exposición a acontecimientos traumáticos puede asociarse, en algunas personas, con síntomas posteriores de estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad, dificultades de concentración o cambios persistentes en el estado emocional. No todas las personas expuestas desarrollarán un trastorno y una reacción emocional inmediata ante una catástrofe no debe confundirse automáticamente con una enfermedad.

La respuesta preventiva debe permitir identificar situaciones que requieran atención y facilitar el acceso confidencial a profesionales especializados. También debe evitar patologizar cualquier reacción humana ante una experiencia extraordinaria.

Existe, además, una dimensión colectiva. Después de una catástrofe, los agentes pueden compartir durante semanas recuerdos, imágenes y experiencias relacionadas con el episodio. La recuperación organizativa debe contemplar ese impacto y proporcionar cauces adecuados para solicitar ayuda.

La salud psicológica forma parte de la seguridad operacional. Un sistema que protege únicamente frente al daño físico ofrece una visión incompleta de la prevención.

La coordinación no se aprende el día de la catástrofe

Una emergencia compleja reúne a organizaciones con funciones, procedimientos, equipos y sistemas de comunicación diferentes. Policía, bomberos, servicios sanitarios, protección civil, operadores de infraestructuras, autoridades locales, organismos autonómicos y, cuando procede, la UME pueden coincidir en el mismo escenario.

Cada organización puede conocer perfectamente sus propios procedimientos y, sin embargo, encontrar dificultades cuando tiene que integrarse con otras en condiciones reales. Una cosa es escribir «coordinación» en un plan y otra conseguirla a las tres de la madrugada, con comunicaciones saturadas, visibilidad reducida, carreteras cortadas, información contradictoria y cientos de llamadas simultáneas.

La Norma Básica de Protección Civil incorpora precisamente principios de dirección única, coordinación, información y especialidad. La respuesta no pretende que todos los servicios hagan lo mismo, sino que cada uno aporte sus capacidades dentro de una estructura común.

La interoperabilidad debe comprobarse antes de la emergencia. Los mandos deben conocerse, las comunicaciones deben haberse probado y los ejercicios deben reproducir, cuando sea posible, situaciones de degradación: pérdida de cobertura, saturación de canales, modificación de accesos, incremento súbito del número de víctimas o cambios meteorológicos.

Los ejercicios conjuntos tienen además una función que va más allá del entrenamiento: permiten descubrir incompatibilidades que en el papel pueden pasar desapercibidas.

La emergencia real no debería ser el primer momento en que diferentes organizaciones descubren cómo trabajan las demás.

Hacia un nuevo modelo preventivo del primer interviniente

La respuesta no pasa por transformar cada patrulla en un vehículo de rescate. Tampoco por reproducir en cada cuerpo las capacidades de bomberos, sanitarios o unidades especializadas. El objetivo debe ser establecer una capacidad básica de primera intervención adaptada al riesgo de cada servicio.

Esa capacidad debe permitir reconocer el peligro, establecer una zona segura, comunicar con precisión, proteger a la población, prestar asistencia básica cuando sea posible y facilitar la llegada de los recursos especializados. El primer interviniente debe actuar como primer eslabón de una cadena, no como sustituto de toda la cadena.

Este planteamiento permite superar una falsa dicotomía entre intervenir físicamente y no hacer nada. En determinados escenarios, mantener una distancia segura, cortar un acceso, evacuar a las personas que pueden ser trasladadas sin riesgo y proporcionar información precisa puede constituir una actuación mucho más eficaz que entrar directamente en la zona peligrosa.

La prevención puede estructurarse entonces en cinco líneas fundamentales. La primera es la evaluación específica del riesgo, considerando territorio, funciones y escenarios previsibles. La segunda es la adecuación de los recursos a esos riesgos, evitando tanto la carencia como la acumulación indiscriminada de material.

La tercera es el entrenamiento práctico periódico en las capacidades que realmente necesita el servicio. La cuarta corresponde a los ejercicios interagencias, destinados a comprobar la coordinación sobre el terreno. La quinta es la evaluación posterior de cada emergencia, para transformar la experiencia en cambios concretos.

Este último elemento resulta esencial. Una organización madura no debería limitarse a contabilizar daños y víctimas. Debe preguntarse qué funcionó, qué falló, dónde se produjo una pérdida de comunicaciones, qué recurso llegó tarde, qué procedimiento resultó insuficiente y qué debe modificarse antes del siguiente episodio.

La prevención no termina cuando se redacta el informe posterior. Termina cuando ese conocimiento modifica una práctica.

La matriz no establece una jerarquía de peligrosidad entre cuerpos. Su finalidad es mostrar que el riesgo depende del fenómeno, pero también del lugar, de la función desempeñada, del tiempo de exposición y de las características del servicio. La prevención eficaz no consiste en proporcionar exactamente lo mismo a todas las patrullas, sino en garantizar una respuesta proporcionada al riesgo que cada una puede encontrar.

Proteger a quienes llegan primero

En Europa y en nuestro caso España se dispone de una arquitectura normativa desarrollada para afrontar emergencias y catástrofes. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Norma Básica de Protección Civil, la legislación sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el marco preventivo aplicable a las distintas organizaciones configuran un sistema destinado a proteger a la población y coordinar la respuesta. El desafío aparece cuando esas previsiones deben convertirse en capacidad operativa sobre el terreno.

La historia demuestra que no estamos ante un riesgo hipotético. En 1983, cuatro guardias civiles murieron durante las operaciones de auxilio de las inundaciones del Nervión. En 2000, un agente de la Guardia Civil murió y otro desapareció durante las labores de búsqueda en el Llobregat. En 2012, tres policías nacionales perdieron la vida en el Orzán. En 2018, el cabo primero Diego Díaz murió durante las labores de auxilio en Guillena. En 2022, el policía local Juan Manuel Policarpo Moll falleció intentando auxiliar a un ocupante atrapado por una riada en la zona de Calp y Benissa. En 2024, la DANA alcanzó también a instalaciones y profesionales policiales, con la muerte de un guardia civil en Paiporta, una mujer que colaboraba en el cuartel y que era pareja de otro guardia, y de un policía local en Valencia. En 2026, una agente de Policía Nacional falleció cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones de Jerez.

No son únicamente números que deben conservarse en la memoria institucional. Son episodios que permiten estudiar cómo se comporta el riesgo cuando un profesional de seguridad entra en una emergencia que supera las condiciones ordinarias de su trabajo.

Una patrulla que llega antes que los especialistas, necesita saber qué puede hacer, qué no debe hacer, cómo protegerse, cómo comunicar lo que está ocurriendo y cuándo debe transferir la intervención a quienes poseen capacidades específicas. La seguridad del primer interviniente no puede depender exclusivamente de su experiencia personal o de su voluntad de asumir riesgos.

Las tragedias del Nervión, Llobregat, Orzán, Guillena, Calp, Paiporta y Valencia muestran, desde escenarios diferentes, que el uniforme policial no constituye una protección frente a las fuerzas de la naturaleza. Un vehículo policial no se convierte en vehículo de rescate por el simple hecho de tener tracción; un cabrestante no es seguro únicamente porque esté instalado; una mascarilla no protege frente a cualquier contaminante y un plan no garantiza por sí mismo una respuesta eficaz.

Tampoco basta con colocar un casco en un vehículo. La protección cefálica debe corresponder al riesgo. Cuando la evaluación determine exposición a impactos, caída de objetos, derrumbes u operaciones de rescate técnico, puede resultar necesario un casco específicamente diseñado para esa función, como los modelos de intervención y rescate técnico tipo Gallet/F2 o equivalentes que cumplan las prestaciones y normas aplicables. El casco antidisturbios mantiene su utilidad en aquellos escenarios para los que ha sido diseñado, pero no debería convertirse por defecto en la protección destinada a cualquier emergencia. Cuando la percepción del entorno y el campo visual sean críticos, la configuración del casco forma parte también de la prevención.

La verdadera prevención comienza mucho antes de que suene la primera llamada. Comienza cuando se identifica el riesgo, se decide qué capacidad necesita cada servicio, se comprueba que esa capacidad existe y se revisa después de cada emergencia si continúa siendo adecuada.

El objetivo no es convertir a cada policía en bombero, sanitario o especialista en rescate. Es garantizar que ningún agente sea enviado a afrontar un riesgo previsible sin una respuesta preventiva proporcionada a las condiciones en las que puede verse obligado a intervenir.

La modernización de la seguridad pública ante las emergencias de gran impacto no debería medirse únicamente por la capacidad de las unidades especializadas que llegan cuando la catástrofe ya ha alcanzado una determinada dimensión. También debe medirse por la capacidad de supervivencia, respuesta y coordinación de quienes se encuentran allí cuando todavía no ha llegado nadie más.

Porque antes de que llegue el especialista, alguien ya está allí. Y ese alguien también debe estar protegido.

 Nota: La matriz no establece una jerarquía de peligrosidad entre cuerpos. Su finalidad es mostrar que el riesgo depende del fenómeno, pero también del lugar, de la función desempeñada, del tiempo de exposición y de las características del servicio. La prevención eficaz no consiste en proporcionar exactamente lo mismo a todas las patrullas, sino en garantizar una respuesta proporcionada al riesgo que cada una puede encontrar.