Cámaras corporales. Leyendas urbanas.

El debate sobre el uso de las bodycams en el ámbito policial oscila entre la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales (privacidad y propia imagen). Su regulación no admite una respuesta simple de "sí o no", ya que el marco jurídico español diferencia claramente entre el uso profesional generalizado y la actuación puntual bajo la condición de policía judicial.

​Para la utilización sistemática, generalizada o permanente de dispositivos de grabación unipersonales durante la prestación ordinaria del servicio se requiere obligatoriamente autorización previa del organismo competente.

​Un símil jurídico: Se equipara conceptualmente a la instalación de videovigilancia fija en la vía pública, con la particularidad agravada de que su movilidad incrementa la afectación al derecho a la intimidad de los ciudadanos. Por tanto, su despliegue permanente no puede quedar al arbitrio individual del agente.

​Policía Judicial

​La excepción legal: A amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), el criterio cambia radicalmente ante situaciones sobrevenidas, de carácter esporádico y de flagrancia delictiva.

​Requisitos de aplicación:

​Debe tratarse de un ilícito penal de carácter relevante y gravedad.

​La grabación debe constituir una pieza fundamental y un medio de prueba urgente e irrepetible para acreditar los hechos presenciados de forma flagrante.

​En ese preciso instante, los agentes actúan en funciones de policía judicial. Las imágenes o vídeos capturados bajo esta premisa de urgencia deben ser puestos de forma inmediata a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, integrándose en el atestado como un elemento de valor probatorio de gran relevancia.

​Conclusión

​¿Bodycam sí o no? Sí, pero condicionado al contexto normativo.

​Para patrullaje rutinario y preventivo, requiere autorización administrativa previa y protocolos estrictos de tratamiento de datos.

​Para intervenciones imprevistas y flagrantes de gravedad, su uso espontáneo está plenamente justificado para asegurar el esclarecimiento de los hechos, debiendo remitirse inmediatamente las grabaciones al juzgado competente como medio de prueba urgente.

Por lo tanto, la utilización de cámaras corporales para el servicio, estén o no estén activadas, requieren autorización del organismo competente. 

Te plantearas la duda...¿Estando apagada pero la cámara visible en tu chaleco también se necesita autorización?