La policía, el blanco visible de un fracaso previo

Cuando una manifestación termina en carga policial, la atención pública se concentra en la imagen del enfrentamiento: cascos, empujones, carreras y tensión. Pero esa secuencia suele ocultar el problema original: decisiones políticas ineficaces, demandas sociales desatendidas y conflictos que llegan a la calle sin respuestas institucionales suficientes.

El derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental, ejercitable sin autorización previa, aunque puede limitarse ante riesgos fundados para las personas, los bienes o el orden público. Cualquier restricción debe respetar legalidad, necesidad y proporcionalidad.boe+1

Garantizar también es proteger

Cuando un policía protege una manifestación, no está frente a los manifestantes como adversario político. Está cumpliendo una función constitucional: garantizar que ciudadanos con ideas contrarias puedan expresarse sin ser silenciados por otros. Su misión incluye proteger a quienes se concentran, a quienes no participan, a los comercios, a los servicios esenciales y a los propios organizadores frente a quienes pretendan transformar una movilización legítima en un escenario de violencia.

Es una paradoja incómoda, pero reveladora. Muchas veces quienes más exigen protección frente a la represión dependen precisamente de aquellos a quienes después insultan, escupen o criminalizan: el colectivo policial.

Esa función se olvida con facilidad cuando el uniforme se convierte en símbolo abstracto. Se acusa al policía de “represor” sin atender al contexto, a las órdenes desobedecidas, a los ataques previos o al riesgo que amenaza a terceros. Criticar una intervención concreta es legítimo y necesario; criminalizar a todo un colectivo es injusto y empobrece el debate.

La desobediencia cambia el escenario

La protesta pacífica merece protección. La agresión, el lanzamiento de objetos, los daños o la negativa organizada a cumplir órdenes legítimas exigen una respuesta pública. La actuación policial debe ser gradual y proporcionada, pero no puede quedar anulada por el temor a la condena mediática.

No toda contundencia es abuso, del mismo modo que no toda concentración es pacífica por el mero hecho de presentarse como reivindicativa. La cuestión decisiva no es si interviene la policía, sino si su intervención era necesaria, adecuada al riesgo y limitada a lo imprescindible.

El uniforme no borra a la persona

El policía, la persona que hay detrás del uniforme, es, con demasiada frecuencia, despersonalizado. Detrás del casco se deja de ver a un trabajador público que puede compartir las mismas preocupaciones que quienes protestan: vivienda, salarios, sanidad, educación o seguridad. Incluso puede estar protegiendo una causa que le afecta directamente o a alguien a su familia.

Insultar, escupir o agredir a un agente no es una forma intensa de libertad de expresión. Es atacar a la persona que está garantizando, precisamente, que otros puedan ejercerla.

La cortina de humo

Las imágenes de una carga generan impacto, polarización y titulares. También ofrecen una salida cómoda a quienes deberían responder por las causas de fondo. El foco pasa de la precariedad, el deterioro de los servicios públicos, la falta de vivienda o la inseguridad a la actuación de unos agentes situados en primera línea.

La policía acaba siendo el saco de boxeo de un sistema que ha fallado antes. Exigir control, transparencia y responsabilidad por cada intervención es imprescindible. Pero también lo es reconocer que no se resolverá ningún conflicto colectivo demonizando a quienes, con medios limitados y bajo presión, reciben el encargo de contener sus consecuencias.