Un eslabón suelto no hace cadena

Un eslabón suelto no hace cadena

 La quimera de la prevención en las fuerzas de seguridad.

Por: Alejandro López Calviño
Técnico Superior en PRL (tres especialidades). Cuerpo de la Policía Local de A Coruña. 0009-0004-3781-9930

Existe una máxima en la teoría de sistemas que persigue implacable a todo prevencionista: la resistencia de una cadena se mide exclusivamente por la fuerza de su eslabón más débil. Si aplicamos este axioma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, descubriremos con amargura que la cadena que debe proteger a quienes protegen no está rota por desgaste; está desarticulada de origen por la falta de protocolos específicos y la alarmante ausencia de una supervisión independiente. Un maltrato preventivo que se vuelve crónico, opaco y sangrante cuando descendemos al escalón de la Administración local: las policías locales.

Históricamente, las administraciones han pretendido ampararse en un sesgo cultural profundamente arraigado: la falacia del riesgo asumido. Se ha intentado utilizar la peligrosidad de la función pública para justificar la improvisación o la falta de rigor preventivo. Sin embargo, el marco jurídico europeo demolió esa coartada hace décadas. La Directiva Marco 89/391/CEE establece con nitidez en su artículo 2.2 que las exclusiones para el personal de policía son estrictamente excepcionales, tasadas para supuestos de grave riesgo colectivo o catástrofes. La actividad diaria, el patrullaje, la intervención o el orden público ordinario caen plenamente bajo el paraguas del derecho a una protección eficaz.

De hecho, el recordatorio más severo llegó por la vía del reproche judicial internacional. La histórica Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006 (Asunto C-132/04) condenó de forma inapelable al Reino de España por excluir injustificadamente al personal de los cuerpos policiales de la normativa preventiva general. Esta resolución judicial sentó un dogma que hoy muchos siguen obviando en la práctica: una cosa es el riesgo inherente a la función (asumir el peligro de una intervención) y otra muy distinta el riesgo añadido por negligencia o pasividad institucional (afrontarla sin chalecos de la talla adecuada, con equipos de protección individual —EPI— caducados o bajo tácticas operativas que no han pasado un filtro biomecánico o ergonómico, etcétera).

En el ámbito municipal (unos 1822 cuerpos de Policía Local en todo el territorio nacional), el primer eslabón suelto roza el absurdo operativo debido a una profunda desconexión técnica. Los servicios de prevención de los ayuntamientos están integrados por técnicos civiles. Son profesionales valiosos en su campo, pero que con demasiada frecuencia adolecen de un total desconocimiento de la especificidad policial. No se puede evaluar el riesgo de un cuerpo armado con los mismos parámetros y plantillas con los que se evalúa al personal de oficinas o de obras y jardines. Un protocolo de prevención de riesgos laborales para la policía local no es un formulario genérico; exige comprender la biomecánica del agente bajo el peso del cinturón táctico, el estrés de supervivencia en una detención violenta o la adecuación ergonómica y de habitáculo de los vehículos de radiopatrulla. Cuando el técnico civil firma evaluaciones de riesgos desde un despacho, desconectado por completo de la realidad de la calle, la prevención se convierte en una peligrosa ficción burocrática. 

La prevención de despacho ignora que la calle no entiende de plantillas estandarizadas. Quien firma la evaluación nunca ha experimentado el miedo real en una intervención, no sabe lo que es consolar a una madre que acaba de perder a su hijo, ni ha sentido la presión de salvar la vida a un suicida o a un accidentado, ni ha pisado la miseria descarnada de las infraviviendas donde la miseria se respira y te impregna el uniforme. Pretender medir con la misma vara el riesgo de un administrativo y el de quien lidia a diario con la tragedia humana es, además de una negligencia técnica, una falta de respeto operativa. Nadie puede prevenir con eficacia el riesgo de una realidad que desconoce por completo

Pero el vacío procedimental se vuelve crítico al analizar el segundo eslabón: supervisión, sumisión política e aislamiento operativo. En el ecosistema de la seguridad local, nos topamos a menudo con una alarmante falta de independencia. Lo cierto es que algunas jefaturas de policía local parecen más involucradas en agradar al Gobierno municipal de turno y en cuidar la foto política que en fiscalizar la seguridad y salud de sus subordinados.

La prevención de riesgos es un compromiso colectivo que requiere un liderazgo ejemplar en cada unidad. El problema surge cuando el compromiso se rompe de manera focalizada en puntos clave de la organización. En este escenario, ciertas jefaturas no actúan como guardianes de la cadena preventiva, sino como la cizalla que la corta, aislando por completo a sus plantillas del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras los cuerpos estatales avanzan —con lentitud, pero avanzan— en la unificación de criterios, dotación de medios tácticos modernos y protocolos homogéneos de intervención, esas jefaturas locales amurallan sus cortijos particulares por mero interés político o personal. Al cortar ese nexo con el estándar policial común, cronifican el atraso material, la obsolescencia formativa y la precariedad preventiva.

Cuando los canales de mando priorizan la complacencia política, las denuncias internas sobre falta de medios, la ausencia de formación en tiro policial o táctica preventiva, o las carencias materiales, se guardan en un cajón para no incomodar al concejal de área. Un sistema preventivo que se audita a sí mismo bajo el miedo al castigo político o al freno en la carrera profesional es un sistema ciego y cómplice.

Esta opacidad y falta de rigor convierte el ecosistema de las policías locales en un auténtico vivero de accidentes laborales, pero con una derivada aún más perversa: se está lastrando por completo la evolución de las técnicas de prevención de riesgos. La ciencia preventiva avanza gracias al análisis empírico, la recopilación rigurosa de datos y el estudio de los conatos e incidentes reales. Al enterrar los accidentes bajo la burocracia municipal o al silenciar los factores de riesgo psicosocial por miedo al estigma, estas administraciones privan a la disciplina de la información necesaria para evolucionar. No se investiga el estrés en intervenciones armadas, no se analiza la biomecánica de una detención deficiente ni se evalúan las lesiones musculoesqueléticas crónicas derivadas del diseño de los vehículos de patrulla. Al silenciar el error, se bloquea el progreso técnico de todo el sector.

La paradoja del uniforme: Quizá el cambio real no sea exigirle lágrimas al uniforme, sino aceptar que el dolor del agente no siempre se mide en decibelios. A veces, detrás de la mirada fija de un policía en silencio, también hay un grito de auxilio.

Esta realidad es especialmente destructiva cuando nos adentramos en el territorio de los riesgos psicosociales. La salud mental en los cuerpos policiales locales, sometidos a la presión directa de la cercanía ciudadana y del político, y a menudo con plantillas bajo mínimos por la inacción política, sigue arrastrando el estigma de la vulnerabilidad. Mientras los reconocimientos médicos en los municipales sigan limitándose a comprobar parámetros puramente físicos, desoyendo la obligación legal de realizar evaluaciones psicosociales periódicas, profundas y adaptadas al entorno policial, seguiremos llegando tarde. El colapso emocional o las conductas autolíticas son los indicadores más trágicos de que la supervisión preventiva ha fracasado por completo en los ayuntamientos.

Para los profesionales de la seguridad y el derecho, el camino a seguir es claro. La formación y la gestión de la prevención de riesgos en las policías locales deben romper con la endogamia y el analfabetismo operativo de los servicios comunes. Se necesita de forma urgente:

·         Técnicos de prevención especializados o habilitados en el ámbito operativo policial, capaces de pisar el asfalto, entender las transiciones de fuerza y generar datos científicos limpios.

·         Auditorías técnicas externas e independientes, totalmente ajenas a las dinámicas de presión y favores de la política municipal, para neutralizar el efecto destructivo de esas jefaturas cizalla.

·         Protocolos de integración total, donde la táctica policial (los sistemas de retención, las defensas, el uso de herramientas de dotación) y la prevención del riesgo se fusionen en un solo manual avalado por la ciencia forense y biomecánica.

·         Sistemas de reporte anónimo de incidentes, blindados frente a represalias disciplinarias, que sirvan de base estadística para que la investigación técnico-operativa de la PRL pueda avanzar al ritmo de los tiempos.

Resulta inadmisible que el uniforme de la policía local actúe como una barrera formal frente al ciudadano, mientras se convierte en un factor de vulnerabilidad debido a la desidia administrativa. Esta quiebra operativa ocurre cuando la gestión pública degrada la prevención de riesgos al rango de una nimiedad protocolaria, ignorando que la seguridad laboral es el pilar de la eficiencia policial. Es imperativo comprender que la prevención técnica no resta eficacia a la intervención; al contrario, la blinda jurídicamente y la potencia operativamente. Debemos asegurar cada eslabón y exigir jefaturas comprometidas con la realidad de sus plantillas, por encima de las conveniencias políticas de los consistorios. Una administración local que despacha con ligereza la protección de quienes patrullan de noche carece de la base estructural para garantizar una seguridad pública sostenible de día.