La Policía Nacional ha detenido a 73 personas en Melilla por su presunta participación en una organización dedicada a defraudar a la Seguridad Social mediante la simulación de relaciones laborales y la declaración de accidentes y enfermedades que supuestamente impedían continuar trabajando.
Según ha informado el Ministerio del Interior este 6 de noviembre de 2026, las investigaciones han permitido detectar un fraude superior a 3.500.000 euros, cometido a través de un procedimiento que permitía a los implicados percibir prestaciones económicas por incapacidad temporal.
Todos los detenidos residen en Melilla y, según las pesquisas policiales, seguían un sistema organizado para obtener prestaciones de elevada cuantía mediante cotizaciones y bajas laborales presuntamente fraudulentas.
Se daban de alta como autónomos con bases de cotización de hasta 4.000 euros
La investigación ha permitido reconstruir el procedimiento utilizado por los presuntos defraudadores.
En primer lugar, se inscribían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), declarando actividades de escasa cualificación, como albañilería, peluquería o labores de mozo de almacén.
Sin embargo, establecían bases de cotización de hasta 4.000 euros, cantidades que los investigadores consideraron desproporcionadas respecto a los ingresos medios habituales de esas profesiones.
Pocos días después de tramitar el alta, los implicados declaraban haber sufrido un accidente o una enfermedad que supuestamente les impedía desempeñar su actividad profesional.
De esta manera, solicitaban la baja laboral y comenzaban a percibir prestaciones mensuales calculadas en función de las elevadas bases de cotización que habían declarado.
Simulaban accidentes de tráfico con testigos de la propia trama
Entre los procedimientos detectados figuraban supuestas caídas fortuitas y enfermedades, aunque el más habitual consistía en declarar falsos accidentes de tráfico.
En estos casos, otros presuntos integrantes de la organización intervenían como testigos de los accidentes.
Los investigadores comprobaron que algunas de estas mismas personas también aparecían en otros expedientes como supuestas víctimas, reproduciendo el sistema para beneficiarse de las prestaciones.
Además, la mayoría de los investigados figuraban simultáneamente de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, como trabajadores asalariados por cuenta ajena.
Esta circunstancia les permitía percibir, cuando declaraban una baja laboral, otra prestación mensual que se sumaba a la correspondiente a su actividad como autónomos.
La Policía Nacional detectó que muchas de las contrataciones habían sido realizadas por un grupo reducido de empresarios y que las relaciones laborales se habían formalizado apenas unos días antes de las bajas médicas.
Como consecuencia de estos indicios, los empresarios implicados en dichas contrataciones también pasaron a ser investigados.
El objetivo era conseguir una pensión vitalicia por incapacidad permanente
El procedimiento presuntamente fraudulento no se limitaba al cobro de prestaciones durante la baja laboral.
Según la investigación, los implicados pretendían mantener esta situación hasta completar aproximadamente un año de incapacidad temporal.
Durante ese periodo se sometían a las correspondientes revisiones médicas periódicas y, posteriormente, a una evaluación por parte de un tribunal médico.
Este organismo debía determinar si procedía finalizar la baja y permitir el regreso a la actividad laboral o reconocer una situación de incapacidad permanente.
En este último supuesto, los presuntos defraudadores pretendían obtener una pensión de carácter vitalicio.
La comunicación policial describe este objetivo como parte del funcionamiento de la trama, sin especificar cuántos investigados llegaron a conseguir una pensión permanente.
Un médico investigado y resonancias magnéticas utilizadas en varios expedientes
El análisis de los casos permitió establecer nuevas conexiones entre los presuntos integrantes de la organización.
Los agentes comprobaron que todos los implicados residían en un mismo distrito de Melilla y que existían relaciones familiares o de parentesco entre la inmensa mayoría.
También observaron que acudían al mismo centro de salud para prolongar sus bajas laborales.
Durante estas comprobaciones, los investigadores identificaron a un médico que atendía a gran parte de los afectados, por lo que el facultativo también figura como encausado en la investigación.
Otro de los indicios detectados fue que numerosos supuestos accidentados presentaban lesiones en la misma zona anatómica.
Asimismo, las gestiones policiales permitieron comprobar que, durante las revisiones médicas, se había aportado una misma resonancia magnética en más de una ocasión.
Estas circunstancias forman parte de los elementos examinados por los investigadores para esclarecer la presunta falsedad de las bajas laborales.
Un supuesto gestor administrativo, señalado como organizador de la trama
La Policía Nacional también ha investigado el papel de una persona que actuaba como gestor administrativo y representaba a un elevado porcentaje de los implicados.
Según las diligencias, este hombre se encargaba de los trámites burocráticos relacionados con el procedimiento utilizado para obtener las prestaciones.
Los investigadores comprobaron que ejercía su actividad en Melilla, aunque no constaba colegiado como gestor administrativo ni como abogado.
Además, le figuraban varias detenciones anteriores por su presunta participación en delitos de falsedad documental, estafa y favorecimiento de la inmigración irregular.
De acuerdo con los testimonios recabados entre los propios investigados, este supuesto gestor habría sido el principal organizador de la trama, aprovechando sus conocimientos sobre los procedimientos administrativos para desarrollar el fraude.
Registro de una oficina y abundante documentación intervenida
Durante el operativo policial desarrollado en Melilla y las actuaciones practicadas en los días posteriores, los agentes procedieron a la detención de 73 personas.
Además, se tomó declaración a otra persona en calidad de investigada no detenida.
La Policía Nacional también practicó un registro en la oficina del principal encausado, donde intervino abundante documentación en soporte físico y electrónico.
Todo este material ha quedado pendiente de un análisis posterior dentro de las diligencias policiales.
La investigación ha permitido detectar un presunto sistema organizado de fraude a la Seguridad Social basado en altas laborales, cotizaciones elevadas, accidentes simulados, bajas médicas y solicitudes de prestaciones por incapacidad.
Fuente: Ministerio del Interior - Policía Nacional. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial publicada el 6 de noviembre de 2026.
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