Periódico Policial informa de que una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido liberar a 26 mujeres víctimas de explotación sexual, desarticular una organización criminal de origen chino asentada en varias provincias españolas y detener a 16 personas, entre ellas la máxima responsable del entramado, que ha ingresado en prisión provisional.
La investigación, desarrollada con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha supuesto además la clausura de 11 prostíbulos utilizados por la organización para explotar a mujeres de origen chino y latinoamericano, así como el embargo de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias vinculados al presunto blanqueo de capitales.
Una investigación que destapó una red asentada en varias provincias
Las pesquisas comenzaron tras detectarse en Zaragoza un piso donde varias mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. A partir de ese momento, los investigadores descubrieron la existencia de una organización criminal con presencia en Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona y Figueres, dedicada a captar mujeres vulnerables para explotarlas sexualmente.
La operación concluyó con 16 detenciones, repartidas entre Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1), además del ingreso en prisión provisional de la principal responsable de la red.
Falsas ofertas de trabajo para atraer a las víctimas
La organización utilizaba redes sociales y aplicaciones chinas de mensajería instantánea para difundir falsas ofertas de empleo como masajistas o estilistas en España.
Muchas de las mujeres aceptaban estas propuestas debido a su difícil situación económica y, en algunos casos, por encontrarse en situación administrativa irregular, desconociendo que acabarían siendo explotadas sexualmente.
Un régimen de esclavitud las 24 horas del día
Una vez llegaban a España, las víctimas eran trasladadas a los prostíbulos gestionados por la organización, donde vivían bajo un estricto sistema de control.
Debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, realizando largas jornadas sin descanso y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente.
La investigación ha acreditado que eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio, mantener relaciones sin preservativo cuando el cliente lo exigía y permanecer constantemente vigiladas mediante cámaras de videovigilancia instaladas en los locales.
Las ganancias obtenidas eran entregadas íntegramente a la organización, que únicamente comenzaba a entregarles el 50 % de los beneficios una vez consideraba saldada la supuesta deuda contraída por su traslado a España.
Documentación falsificada para ocultar la explotación
La red facilitaba a las víctimas documentación falsa antes de viajar a España y, una vez en territorio nacional, les entregaba tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a otras mujeres con el objetivo de suplantar su identidad durante inspecciones administrativas o actuaciones policiales.
Además, las mujeres eran trasladadas constantemente entre los distintos prostíbulos para dificultar su identificación y aumentar los beneficios obtenidos por la organización.
Una red dedicada también a crear nuevos prostíbulos
La investigación permitió comprobar que el entramado no solo explotaba los establecimientos que ya gestionaba, sino que también creaba nuevos prostíbulos clandestinos.
Para ello alquilaban pisos o locales comerciales, organizaban toda la actividad hasta consolidar una importante cartera de clientes y, posteriormente, traspasaban el negocio a otros gestores a cambio de importantes cantidades de dinero.
Dinero, armas, drogas y documentación intervenida
Durante los registros practicados por los agentes fueron intervenidos:
- 35.000 euros en efectivo.
- Varias armas prohibidas tipo katana.
- Sustancias estupefacientes.
- Potenciadores sexuales.
- 24 teléfonos móviles.
- Dos pasaportes falsificados.
- Abundante documentación relacionada con la actividad criminal.
Paralelamente, la investigación desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera permitió descubrir un sistema destinado a introducir en el circuito económico legal los beneficios obtenidos mediante la explotación sexual.
Como consecuencia, la autoridad judicial acordó el embargo de cinco inmuebles, valorados en más de medio millón de euros, además de dos vehículos y la intervención de ocho cuentas bancarias.
Compromiso contra la trata de seres humanos
Esta actuación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, una estrategia destinada a perseguir este tipo de organizaciones criminales y proteger a las víctimas.
La Policía Nacional recuerda que mantiene operativa la línea gratuita 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y denunciar, de forma anónima y confidencial, posibles casos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual.
