El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha denunciado este 31 de agosto de 2026 la gestión de los recursos policiales durante la situación que atraviesa Ceuta, asegurando que efectivos de Seguridad Ciudadana están siendo destinados a reforzar la protección de altos cargos mientras la plantilla ceutí soporta una elevada presión operativa.
Según el SUP, dos indicativos Z de la propia plantilla de Ceuta están siendo destinados a servicios fijos de seguridad en el Parador y el Hotel Ulises, con el objetivo de dar cobertura al dispositivo institucional del Mando Único y de responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El sindicato sostiene además que estos policías acompañan los desplazamientos de dichas autoridades pese a que, según señala, estas disponen de sus correspondientes servicios de escolta.
El SUP pide efectivos específicos para proteger a los altos cargos
La organización sindical aclara que no cuestiona las medidas de protección que técnicamente puedan establecerse para ninguna autoridad.
Su crítica se centra en que esa cobertura adicional se realice, según denuncia, retirando efectivos de una plantilla que ya se encuentra tensionada.
El SUP considera que, si el Gobierno entiende que son necesarios recursos adicionales para proteger a los responsables desplazados a Ceuta, debe enviar efectivos específicos para realizar esas funciones, en lugar de reducir la capacidad policial disponible en las calles de la ciudad.
Doce medidas sanitarias reclamadas tras detectarse casos de sarna
El sindicato vincula esta situación con las reclamaciones que viene realizando sobre las condiciones de los funcionarios desplazados a Ceuta.
El pasado 18 de agosto, después de conocerse casos de sarna entre policías desplazados, el SUP presentó un escrito ante la Dirección General de la Policía (DGP) solicitando doce medidas concretas de prevención y vigilancia sanitaria.
Además, reclamó un informe en un plazo de 48 horas que detallara las actuaciones adoptadas, los plazos previstos y los responsables de ejecutarlas.
Según explica el sindicato, diez días después la Dirección General de la Policía comunicó la puesta en marcha o solicitud de determinadas actuaciones.
Entre ellas se encuentran la desinfección de instalaciones, la limpieza de vehículos, el refuerzo de la limpieza de la uniformidad, la contratación de un servicio de lavandería y la búsqueda de alternativas de alojamiento.
Sin embargo, el SUP asegura que continúa sin recibir una respuesta concreta sobre buena parte de las medidas sanitarias planteadas y que tampoco se le ha facilitado el informe solicitado con los correspondientes plazos y responsables.
La DGP señala que los alojamientos no están bajo su gestión
Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es la respuesta recibida en relación con las instalaciones utilizadas para alojar a los funcionarios.
Según reproduce el SUP, la contestación destaca que dichas instalaciones «no son titularidad de la Dirección General de la Policía, ni se encuentran bajo su gestión o dependencia», atribuyendo a sus titulares las obligaciones relativas al mantenimiento, limpieza y salubridad.
El sindicato rechaza que la cuestión fundamental sea quién ostenta la propiedad de los edificios.
Para el SUP, lo relevante es determinar quién tiene la obligación de proteger a los policías que la propia Administración desplaza a Ceuta para cumplir una orden de servicio.
La organización considera que la Dirección General de la Policía debe garantizar una protección eficaz de la seguridad y la salud de sus funcionarios y sostiene que el carácter extraordinario del dispositivo no puede convertirse en una justificación permanente de unas condiciones que asegura llevar semanas denunciando.
Exige revisar inmediatamente la distribución de policías
Ante esta situación, el SUP reclama una revisión inmediata de la distribución de efectivos en Ceuta.
También exige que los servicios extraordinarios relacionados con la protección institucional sean cubiertos mediante recursos adicionales, sin detraer policías pertenecientes a la plantilla ceutí.
A ello añade su petición de obtener una respuesta completa a las medidas preventivas y sanitarias solicitadas para los funcionarios desplazados.
«Si hay recursos para reforzar la protección de quienes vienen a gestionar la crisis, tiene que haberlos también para proteger a quienes llevan semanas sosteniéndola sobre el terreno. Los policías no pueden ser, una vez más, los últimos en las prioridades de la Administración», señala el sindicato.
El sindicato advierte de posibles acciones legales
El SUP advierte finalmente de que, si no se adoptan las medidas que considera necesarias para garantizar la salud y seguridad de los funcionarios, sus servicios jurídicos estudiarán las acciones legales que correspondan.
«Con la salud, la seguridad y los derechos de los policías no se juega», concluye la organización.
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