Durante el encuentro con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ambas organizaciones defenderán una propuesta conjunta que contempla una pensión mínima de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1, la actualización automática de las pensiones conforme al IPC y los incrementos salariales, así como la aplicación retroactiva de las mejoras desde el 1 de enero de 2026. También reclamarán garantías jurídicas para que los posibles acuerdos no dependan de futuros cambios de Gobierno.
JUPOL y JUCIL consiguen adelantar la reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad
El anuncio, realizado este 20 de octubre de 2026 en Madrid, llega después de que JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, solicitaran adelantar el encuentro ante la urgencia de abordar las condiciones de jubilación de los integrantes de ambos cuerpos.
Las organizaciones acudirán a la reunión junto con otras entidades representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el objetivo de trasladar una posición común y reclamar medidas concretas que permitan avanzar hacia un sistema de pensiones que tenga en cuenta las particularidades de la actividad policial.
Ambas entidades consideran que existe una situación de desigualdad que debe corregirse mediante decisiones efectivas y compromisos verificables por parte del Ministerio del Interior.
Entre sus principales reivindicaciones figuran la equiparación de las pensiones, el reconocimiento de la profesión de riesgo y la garantía de unas condiciones económicas dignas al finalizar la vida laboral.
Una pensión mínima de 39.659,44 euros anuales para el grupo C1
Uno de los puntos centrales de la propuesta conjunta es el establecimiento de una pensión mínima de 39.659,44 euros brutos anuales para los integrantes del grupo C1.
JUPOL y JUCIL defenderán esta cuantía como parte de un sistema de jubilación que, a su juicio, debe reconocer las exigencias y responsabilidades propias de los profesionales de la seguridad pública.
La propuesta también incluye que los años cotizados en el grupo C2 se computen como pertenecientes al grupo C1 a efectos de jubilación, con la finalidad de que estos periodos de cotización sean tenidos en cuenta conforme a las condiciones del grupo superior.
Las organizaciones consideran que ambas medidas permitirían avanzar en el reconocimiento económico de las trayectorias profesionales de policías nacionales y guardias civiles.
Reclaman efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026
Otra de las exigencias que se trasladarán a la Secretaría de Estado de Seguridad será la aplicación retroactiva de las mejoras económicas que puedan acordarse.
En concreto, JUPOL y JUCIL solicitan que las medidas tengan efectos desde el 1 de enero de 2026, incluyendo expresamente a los policías nacionales y guardias civiles que se hayan jubilado durante el presente año.
De esta forma, ambas organizaciones pretenden que los profesionales que hayan pasado a la situación de jubilación en 2026 también puedan beneficiarse de las mejoras que eventualmente se aprueben.
Asimismo, plantearán el establecimiento de un mecanismo de actualización automática de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y a los incrementos salariales, con el objetivo de preservar su valor económico a lo largo del tiempo.
Una cláusula de salvaguarda para proteger el poder adquisitivo
La propuesta incorpora una cláusula específica destinada a evitar la pérdida de poder adquisitivo de policías nacionales y guardias civiles jubilados.
Según el planteamiento de ambas organizaciones, si la revalorización general de las pensiones de las clases pasivas estuviera limitada al 2 % y el IPC superara ese porcentaje, debería activarse un complemento específico para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este mecanismo tendría como finalidad cubrir automáticamente la diferencia entre el porcentaje de revalorización y el incremento del IPC.
JUPOL y JUCIL proponen que dicho complemento tenga carácter automático, vitalicio y consolidable, de manera que la protección económica no dependa de decisiones puntuales y quede incorporada de forma permanente a las condiciones de jubilación.
Con esta medida buscan garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo cuando el incremento de los precios sea superior al porcentaje general de actualización establecido.
Exigirán garantías jurídicas antes de las próximas elecciones generales
Más allá de las reivindicaciones económicas, las dos organizaciones consideran fundamental que cualquier acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior disponga de un respaldo jurídico suficiente.
Durante la reunión con Aina Calvo, JUPOL y JUCIL reclamarán que los compromisos adoptados queden jurídicamente garantizados antes de las próximas elecciones generales, para evitar que su aplicación dependa exclusivamente de la voluntad política del Gobierno que resulte de los comicios.
En este sentido, ambas entidades defienden como vía más viable la aprobación de un real decreto-ley por parte del Ejecutivo, susceptible de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso.
Las organizaciones plantean esta fórmula teniendo en cuenta el escenario de disolución de las Cortes Generales al que hacen referencia en su propuesta y con la intención de proporcionar seguridad jurídica a las medidas.
Su objetivo es impedir que las reivindicaciones históricas de policías nacionales y guardias civiles vuelvan a quedar condicionadas por promesas políticas o posibles cambios en el Gobierno.
«Nuestros compañeros no pueden seguir esperando»
JUPOL y JUCIL han insistido en que el adelanto de la reunión constituye un paso necesario, pero consideran imprescindible que el encuentro se traduzca en decisiones concretas.
En su comunicado conjunto, ambas organizaciones expresan su posición sobre la situación de los profesionales afectados:
«Nuestros compañeros no pueden seguir esperando mientras se prolonga una situación de desigualdad que afecta directamente a su futuro y al de sus familias. Después de toda una vida de servicio público, policías nacionales y guardias civiles merecen una jubilación digna, justa y acorde con las exigencias de su profesión».
Las organizaciones sostienen que el reconocimiento de la profesión de riesgo debe ir acompañado de medidas reales que permitan garantizar unas condiciones de jubilación adecuadas, sin discriminaciones y con una protección económica suficiente.
Consideran que las particularidades del trabajo desarrollado por los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil deben reflejarse también en las condiciones económicas que reciben al concluir su trayectoria profesional.
Una reunión para conseguir compromisos concretos
El próximo 27 de octubre, JUPOL y JUCIL acudirán a la Secretaría de Estado de Seguridad con una propuesta conjunta que reúne medidas económicas, reivindicaciones profesionales y mecanismos de garantía jurídica.
El encuentro tendrá como principales objetivos avanzar en la equiparación de las pensiones, establecer condiciones de jubilación que reconozcan las particularidades de la profesión policial y conseguir compromisos efectivos por parte del Ministerio del Interior.
Ambas organizaciones advierten de que no consideran suficiente mantener las reivindicaciones en el terreno de las promesas y reclaman que las negociaciones se traduzcan en medidas concretas y jurídicamente respaldadas.
La reunión será, por tanto, una nueva oportunidad para abordar una reivindicación que JUPOL y JUCIL consideran histórica: garantizar una jubilación digna, justa y con protección económica adecuada para todos los policías nacionales y guardias civiles.
Fuente: JUPOL . Nota de prensa remitida directamente a Periódico Policial por JUPOL, en relación con las reivindicaciones conjuntas de JUPOL y JUCIL. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial.
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