La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha explicado los procedimientos que deben seguirse para ordenar el cierre de establecimientos ante posibles irregularidades, después de recibir numerosas peticiones ciudadanas de clausura inmediata tras una intervención policial realizada en la calle Mas.
A través de una publicación en sus redes sociales, el cuerpo policial ha reconocido la preocupación vecinal y ha aclarado que una actuación policial no implica automáticamente el cierre de un local, incluso cuando se detectan infracciones relacionadas con la seguridad, la actividad del establecimiento o la convivencia.
Según ha señalado, cualquier decisión administrativa debe ajustarse a un procedimiento legal que garantice tanto la protección de las personas como los derechos de los titulares de los negocios.
Las irregularidades detectadas deben comunicarse a los servicios competentes
La Guàrdia Urbana ha explicado que, cuando sus agentes detectan situaciones como exceso de aforo, molestias por ruidos, actividades sin licencia, deficiencias de seguridad o consumo de drogas, elaboran los correspondientes informes policiales.
Estos documentos permiten iniciar las actuaciones administrativas destinadas a comprobar las circunstancias denunciadas y determinar las medidas que pueden adoptarse.
El procedimiento contempla diferentes fases:
- Comprobación de los hechos: los servicios competentes verifican las irregularidades y requieren al titular del establecimiento que subsane las deficiencias detectadas.
- Adopción de medidas provisionales: cuando existen riesgos para las personas, ausencia de licencia o infracciones graves, pueden establecerse plazos de corrección, precintarse determinados elementos o decretarse el cese temporal de la actividad.
- Tramitación del expediente: los servicios técnicos, la Oficina de Sanción y los responsables de la evaluación jurídica examinan los hechos. Durante este procedimiento, el titular tiene derecho a presentar alegaciones y recurrir las decisiones correspondientes.
- Resolución administrativa: cuando se acredita la gravedad o reiteración de las infracciones, pueden imponerse sanciones económicas y, en los supuestos más graves, el cierre temporal del establecimiento.
El cuerpo policial insiste en que no existe un mecanismo legal que permita decretar automáticamente y con carácter definitivo el cierre de un bar únicamente como consecuencia de una intervención policial.
La medida debe estar debidamente justificada, ser proporcional a los hechos y cumplir los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo.
El incumplimiento del procedimiento podría provocar la reapertura del establecimiento
La Guàrdia Urbana ha advertido de las consecuencias que podría tener la adopción de medidas sin respetar las garantías legales.
Según explica, saltarse los trámites establecidos podría dar lugar a la anulación de las sanciones y a la reapertura de los establecimientos afectados.
Por este motivo, señala que las actuaciones policiales deben ir acompañadas del correspondiente trabajo administrativo y jurídico para garantizar que las resoluciones puedan ejecutarse conforme a la legalidad.
El Plan Nautilus ha permitido cerrar más de 15 bares
El comunicado también destaca los resultados del Plan Nautilus, un mecanismo de coordinación entre los Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana y diferentes servicios municipales para actuar ante establecimientos que presentan problemas reiterados.
En este dispositivo participan las áreas de Actividades, Urbanismo, Salud, Oficina de Sanción y Evaluación Jurídica, que trabajan conjuntamente para tramitar las actuaciones necesarias.
Según la información difundida, esta coordinación ha permitido cerrar más de 15 bares, con medidas para las que la publicación menciona periodos de entre dos y quince meses.
En numerosos casos, los establecimientos no volvieron a abrir sus puertas porque sus propietarios decidieron no reanudar la actividad.
La Guàrdia Urbana considera que este trabajo continuado permite abordar las situaciones de conflictividad desde diferentes ámbitos, combinando la intervención policial con los procedimientos administrativos correspondientes.
Petición de mayores herramientas legales para actuar contra establecimientos reincidentes
La publicación también recuerda que, durante el Pleno Municipal celebrado en mayo, se reclamaron a la Generalitat de Catalunya nuevas herramientas legales para agilizar las actuaciones ante situaciones graves y reiteradas.
Entre las medidas solicitadas figura la posibilidad de retirar de manera permanente las licencias de actividad en casos especialmente graves o de reincidencia, con el objetivo de disponer de mecanismos más eficaces frente a los establecimientos que generan problemas de seguridad y convivencia.
Con estas explicaciones, la Guàrdia Urbana pretende aclarar las limitaciones legales de su actuación y la necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones para aplicar medidas que respeten las garantías jurídicas.
«Ver noticia anterior» La Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra detectan numerosas irregularidades en un bar de L’Hospitalet de Llobregat
Fuente: Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial publicada por el cuerpo policial en su cuenta de Instagram.
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