JUPOL exige que la muerte de los dos guardias civiles en Huelva sea reconocida como acto de servicio y no como accidente laboral

JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha emitido un comunicado en el que exige rigor jurídico y respeto institucional tras la muerte en acto de servicio de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva durante una persecución contra una narcolancha.

Desde la organización han trasladado su máximo respeto, apoyo y solidaridad a las familias, compañeros y allegados de los agentes fallecidos este fin de semana, subrayando que su muerte no fue fruto de un accidente casual ni de un infortunio laboral, sino consecuencia directa del cumplimiento del deber frente a organizaciones criminales extremadamente violentas.

Por este motivo, JUPOL rechaza cualquier intento de calificar los hechos como un simple “accidente laboral”. El sindicato considera que esa expresión no solo resulta jurídicamente incorrecta, sino también profundamente injusta para quienes arriesgan y pierden la vida defendiendo la seguridad de todos los españoles.

La organización recuerda que el concepto de accidente laboral pertenece al ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, regulado en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Según explica, esa figura está concebida para el tráfico mercantil y civil, donde el riesgo es accidental y debe ser eliminado mediante medidas preventivas.

Sin embargo, JUPOL sostiene que la realidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es completamente distinta. En este ámbito, el acto de servicio pertenece al Derecho Administrativo Especial y al régimen de Clases Pasivas, donde el riesgo forma parte inherente del propio deber profesional.

Desde un punto de vista jurídico, administrativo y penal, el sindicato afirma que lo sucedido en Huelva, al igual que ocurrió en Barbate, no puede ser considerado un accidente laboral por varias razones fundamentales.

En primer lugar, JUPOL señala que existió una clara intervención dolosa de terceros. En un accidente laboral convencional, el daño suele derivarse de un fallo de prevención o de un error fortuito. En este caso, según el comunicado, los agentes fueron embestidos por una narcolancha cuyos ocupantes actuaron con absoluto desprecio por la vida humana, existiendo incluso un evidente animus necandi.

Para el sindicato, se trata de un atentado criminal contra agentes de la autoridad y no de un simple percance laboral.

En segundo lugar, JUPOL destaca que el riesgo asumido por los agentes es específico y consustancial a la función policial. Los guardias civiles no “se accidentan” de forma fortuita, sino que son enviados por el Estado a intervenir en escenarios de extrema peligrosidad para proteger a la sociedad.

La organización recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que las lesiones o fallecimientos derivados directamente de esa singularidad funcional deben ser considerados actos de servicio.

En tercer lugar, el sindicato apunta a la posible responsabilidad patrimonial de la Administración cuando los agentes son desplegados con medios claramente inferiores a los utilizados por las organizaciones criminales. JUPOL advierte de que, si el Estado envía a servidores públicos a combatir narcolanchas con embarcaciones manifiestamente insuficientes, no se está ante un accidente laboral, sino ante una gravísima falta de medios adecuados en un operativo de alto riesgo.

La organización alerta, además, de las peligrosas consecuencias jurídicas y sociales que tendría normalizar este tipo de muertes bajo la etiqueta de “accidente laboral”.

Aceptar esa terminología, según JUPOL, podría debilitar los derechos de las familias de los agentes fallecidos, especialmente en lo relativo a las pensiones extraordinarias derivadas de actos de servicio, que cuentan con una protección específica dentro del régimen de Clases Pasivas.

El sindicato considera que rebajar estos hechos a simples accidentes supondría un precedente inadmisible, capaz de cuestionar derechos consolidados de quienes dan la vida por España.

Asimismo, advierte de que esa calificación podría afectar al reconocimiento honorífico y profesional de los agentes fallecidos, ya que numerosas condecoraciones oficiales exigen expresamente que los hechos se produzcan en acto de servicio.

Para JUPOL, equiparar estas muertes a un accidente laboral ordinario supone banalizar el sacrificio extremo de quienes combaten el narcotráfico y el crimen organizado.

Del mismo modo, el sindicato sostiene que utilizar un lenguaje laboral genérico contribuye a diluir el carácter de profesión de riesgo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reforzando el discurso de quienes se niegan a reconocer jurídicamente esa realidad.

JUPOL recalca que un guardia civil o un policía nacional no desempeñan una labor administrativa convencional, sino que se enfrentan diariamente a amenazas reales contra su integridad física y su vida.

Por todo ello, el sindicato exige al Gobierno de España rigor institucional, respeto hacia los compañeros caídos y un compromiso firme con la dotación de medios adecuados para combatir el narcotráfico.

“No se puede seguir enviando a los agentes a operaciones de altísimo riesgo en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas”, señala el comunicado.

JUPOL concluye que la muerte de estos dos guardias civiles no fue un accidente laboral, sino la consecuencia de servir a España enfrentándose cara a cara contra el crimen organizado, y reclama que así sea reconocido jurídica, institucional y socialmente.