Cuando todos huyen, alguien corre hacia el peligro: la otra cara de la seguridad pública

Hay una imagen que resume, con una sencillez casi incómoda, el sentido de la función policial: una multitud corre en una dirección y, en sentido contrario, unos agentes avanzan hacia el origen del problema.

Unos huyen, otros acuden. No es una cuestión de valentía cinematográfica ni una escena diseñada para alimentar relatos heroicos. Es la expresión más directa de una responsabilidad profesional que, en determinadas circunstancias, exige hacer exactamente lo contrario de lo que dicta el instinto de supervivencia. Allí donde una persona percibe una amenaza y busca ponerse a salvo, el policía debe valorar el riesgo, intervenir y tratar de proteger a quienes todavía no han podido escapar.

Mientras alguien intenta salir de una situación de peligro, otro trabaja para que esa situación deje de serlo.

Esta diferencia constituye una de las claves de la seguridad pública. Y, sin embargo, también es una de las realidades que con mayor facilidad quedan sepultadas bajo la rutina informativa, la polémica política o el juicio apresurado.

Llegar cuando todo se complica

La policía no suele aparecer en los momentos más cómodos de la vida de las personas. Su escenario habitual es, precisamente, aquel del que casi todos preferiríamos mantenernos alejados: accidentes, agresiones, altercados, amenazas, desapariciones, emergencias, conflictos familiares o situaciones en las que la desesperación puede convertirse en violencia.

Los agentes llegan cuando algo ha dejado de funcionar.

A veces encuentran a una víctima que necesita ayuda inmediata. Otras, a una persona fuera de control, a una familia rota por una tragedia o a un ciudadano incapaz de gestionar una situación que le desborda. En ocasiones, deben actuar en escenarios confusos, con información incompleta y bajo una presión que no permite detener el tiempo para analizar tranquilamente cada decisión.

No eligen las circunstancias en las que prestan servicio. Deben responder a ellas.

Y aquí aparece una cuestión fundamental: la policía suele estar presente en los peores momentos de la vida de muchas personas, pero eso no significa que forme parte del problema. Con frecuencia, está allí precisamente para intentar resolverlo.

La distinción parece evidente, pero no siempre se comprende. Quien interviene en una situación desagradable puede terminar asociado emocionalmente a ella. El agente que comunica una noticia trágica, detiene a un familiar o impide una conducta peligrosa puede convertirse en el rostro visible de un dolor que no ha causado.

Es más sencillo dirigir la frustración contra quien tenemos delante que comprender la complejidad de aquello a lo que se enfrenta.

Por eso, juzgar una intervención exige algo más que observar sus consecuencias inmediatas. Exige comprender el contexto, valorar las decisiones adoptadas y distinguir entre la actuación policial y el problema que hizo necesaria esa actuación.

El riesgo no desaparece porque los demás se alejen

Cuando se produce una emergencia, alejarse del peligro es una reacción natural. Nadie debería ser censurado por proteger su integridad. La seguridad personal no es cobardía y ponerse a salvo puede ser la decisión más sensata.

Pero la función policial incorpora una responsabilidad diferente.

El agente no tiene que ignorar el peligro ni actuar de manera temeraria. Tiene que evaluarlo, gestionarlo y, cuando corresponde, asumir los riesgos necesarios para proteger a los demás. Debe acercarse lo suficiente para intervenir, sin perder de vista que su propia seguridad también es una condición para poder ayudar.

Esta es una diferencia importante: el valor profesional no consiste en exponerse sin sentido, sino en actuar con criterio cuando el riesgo no puede eliminarse por completo.

Detrás de una intervención puede haber segundos para decidir, amenazas que todavía no se han identificado y personas cuya seguridad depende de una respuesta rápida. Mientras quienes observan intentan comprender qué está ocurriendo, los profesionales deben empezar a resolverlo.

No siempre habrá una solución perfecta. No todas las decisiones podrán satisfacer a todos. Y no toda intervención terminará como se esperaba.

La seguridad pública trabaja en el territorio de la incertidumbre. Pretender que quienes intervienen nunca cometan errores sería tan poco realista como aceptar que cualquier error resulta justificable por el mero hecho de llevar un uniforme.

Precisamente porque sus decisiones pueden afectar a la libertad, la integridad y los derechos de las personas, la actuación policial debe estar sometida a la ley, a la proporcionalidad, al control y a la rendición de cuentas.

Reconocer el riesgo que asumen los agentes no significa concederles una inmunidad moral. Significa valorar su función sin renunciar al pensamiento crítico.

Ambas cosas son compatibles. Es más, una sociedad democrática necesita las dos.

Una sociedad exigente con la policía, ¿también consciente de sus responsabilidades?

Existe una paradoja en la relación entre la ciudadanía y sus cuerpos policiales. Se espera que lleguen rápidamente, que controlen situaciones imprevisibles, que protejan a las víctimas, que reduzcan los daños, que conozcan la ley y que tomen decisiones acertadas bajo presión. Y se espera, además, que lo hagan siempre.

Sin embargo, el debate público no siempre presta la misma atención a las condiciones en las que ese trabajo se desarrolla: la formación, los recursos disponibles, el descanso, la preparación psicológica, el equipamiento o el apoyo institucional después de una intervención especialmente difícil.

La exigencia de resultados es legítima. La indiferencia ante los medios necesarios para conseguirlos no lo es.

Tampoco lo es convertir cada actuación en un veredicto instantáneo, construido a partir de unos segundos de vídeo, una imagen descontextualizada o una versión parcial de los hechos. La crítica es indispensable, pero pierde su valor cuando renuncia a comprobar, contextualizar y analizar.

Una sociedad madura no tiene que elegir entre aplaudir sin preguntas y condenar sin pruebas. Puede reconocer el servicio policial, exigir profesionalidad, investigar posibles abusos y reclamar mejoras sin contradicción alguna.

De hecho, ese equilibrio es el que permite construir confianza.

La autoridad policial no debería sostenerse únicamente en la capacidad de imponer la ley, sino también en la legitimidad que proporciona actuar conforme a ella. Y esa legitimidad se fortalece cuando existen profesionales preparados, instituciones transparentes y ciudadanos dispuestos a valorar los hechos con rigor.

Detrás del uniforme también hay una persona

Hay otro aspecto que merece atención: el coste humano de una profesión que obliga a convivir con situaciones que la mayoría de la población solo conoce de manera excepcional.

El agente que interviene en un accidente grave no deja necesariamente atrás lo que ha visto cuando termina su turno. Quien presencia una agresión, atiende a una víctima vulnerable o se enfrenta a una amenaza real puede cargar con el recuerdo de esa experiencia mucho después de regresar a casa.

El uniforme identifica una función. No elimina las emociones, el miedo ni la vulnerabilidad.

A veces se confunde profesionalidad con ausencia de temor. Pero sentir miedo no invalida el valor; forma parte de la realidad humana de quien debe actuar a pesar de él. La preparación profesional permite gestionar esa respuesta, no borrar la condición humana de quien la experimenta.

Por eso, cuidar a quienes cuidan no debería considerarse un gesto de generosidad institucional, sino una obligación vinculada a la eficacia del servicio. La salud mental, la prevención de riesgos, el acompañamiento después de intervenciones traumáticas y el reconocimiento profesional no son asuntos secundarios. También forman parte de la seguridad pública.

Un sistema que exige fortaleza permanente, pero no ofrece medios para recuperarla, termina confundiendo vocación con sacrificio ilimitado.

Y ninguna institución debería construir su funcionamiento sobre esa confusión.

El reconocimiento no sustituye a la responsabilidad

Conviene evitar, no obstante, otra simplificación: presentar a la policía como un colectivo ajeno a los problemas de la sociedad o situado por encima de cualquier cuestionamiento.

Los agentes ejercen una función esencial, pero su autoridad implica obligaciones especiales. Precisamente porque pueden intervenir sobre derechos fundamentales, deben actuar con profesionalidad, autocontrol y respeto a la legalidad.

El reconocimiento social no puede convertirse en un cheque en blanco. Del mismo modo, la existencia de actuaciones incorrectas no debería utilizarse para desacreditar indiscriminadamente a todo un colectivo.

Generalizar es cómodo. Analizar exige esfuerzo.

La ciudadanía tiene derecho a una policía eficaz, cercana, preparada y responsable. Los profesionales tienen derecho a ejercer su trabajo con medios adecuados, respaldo institucional y unas condiciones que permitan desarrollar su cometido con seguridad. Y las víctimas tienen derecho a recibir ayuda sin que sus necesidades queden desplazadas por prejuicios o disputas ajenas a su situación. No son intereses enfrentados. Son piezas de una misma exigencia democrática.

La pregunta que deberíamos hacernos

Volvamos a aquella imagen inicial: una multitud alejándose de una amenaza y unos agentes avanzando hacia ella.

No sabemos todavía cómo terminará la intervención. No conocemos todos los detalles ni podemos anticipar si cada decisión será acertada. Pero sí sabemos algo: alguien tiene que asumir la responsabilidad de actuar para que otros puedan recuperar la seguridad.

Esa responsabilidad merece ser comprendida antes de ser simplificada, reconocida antes de ser banalizada y evaluada con rigor cuando corresponda.

La próxima vez que una patrulla llegue a un lugar donde todos quieren marcharse, quizá convenga detenerse un instante antes de emitir un juicio. No para renunciar a la crítica, sino para ejercerla con conocimiento de lo que implica intervenir cuando el margen de error es pequeño y las consecuencias pueden ser enormes.

La policía no está para protagonizar una épica permanente. Está para proteger derechos, prevenir daños, auxiliar a quien lo necesita y hacer cumplir la ley. Su éxito, muchas veces, consiste en evitar que una situación empeore; en conseguir que una persona llegue a casa; en impedir una agresión o en devolver cierta normalidad a quienes acaban de vivir algo que nunca olvidarán.

Y buena parte de ese trabajo no tendrá titulares.

Cuando todos huyen, alguien debe acudir. Pero una sociedad responsable no se limita a esperar que otros corran hacia el peligro: también debe preguntarse qué medios les proporciona, qué exigencias les impone y cómo responde cuando son ellos quienes necesitan ayuda.

Porque la seguridad pública no se construye únicamente con quienes intervienen en una emergencia. Se construye también con instituciones que respaldan sin encubrir, ciudadanos que exigen sin prejuzgar y una sociedad que comprende que detrás de cada servicio hay profesionales sometidos a riesgos, obligaciones y límites.

El verdadero reconocimiento no consiste en dejar de cuestionar a la policía. Consiste en comprender la dimensión de su trabajo, exigir que se haga bien y no olvidar a quienes, cuando llega el peor momento, tienen la responsabilidad de acercarse mientras los demás intentan ponerse a salvo.