El Govern de les Illes Balears ha dado un nuevo paso en la lucha contra el transporte ilegal de pasajeros con la celebración de la primera reunión del grupo de trabajo específico en materia de transporte terrestre, creado en el seno de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo. El encuentro, celebrado este miércoles, reunió a cerca de una treintena de representantes de distintas administraciones, cuerpos policiales y entidades del sector con el objetivo de reforzar la coordinación y mejorar la respuesta frente a esta actividad irregular.
Durante la reunión se expusieron las principales líneas de actuación impulsadas por la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad, centradas en fortalecer la capacidad de inspección y sanción, mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar la formación de los profesionales implicados en la vigilancia del transporte terrestre.
Refuerzo de la lucha contra el transporte ilegal
El Govern trabaja sobre tres ejes fundamentales para combatir el intrusismo en el transporte de viajeros.
El primero de ellos corresponde al ámbito normativo, mediante un paquete de medidas legislativas ya en vigor que incrementan la capacidad de inspección y endurecen el régimen sancionador frente a actividades ilegales, especialmente en aeropuertos, puertos y otras zonas de gran afluencia de viajeros.
El segundo eje se centra en la coordinación institucional, fomentando la colaboración entre administraciones, ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil de Tráfico para establecer protocolos comunes de actuación e inspección.
Por último, se impulsará la formación especializada dirigida principalmente a agentes de las policías locales y técnicos municipales de movilidad, con el fin de mejorar la detección y actuación frente a este tipo de infracciones.
Nuevas sanciones para autobuses y minibuses
Entre las novedades legislativas ya aprobadas destaca la prohibición del estacionamiento de autobuses y minibuses que no hayan sido previamente contratados en espacios como aeropuertos, puertos y estaciones de transporte público.
El incumplimiento de esta medida pasará a considerarse una infracción muy grave, sancionada con multas que oscilarán entre 1.001 y 6.000 euros. Hasta ahora, este comportamiento no estaba específicamente regulado y no conllevaba sanción administrativa.
Asimismo, se endurecen las sanciones contra la captación ilegal de clientes por parte de minibuses y autobuses fuera de las oficinas de las empresas transportistas. Estas conductas podrán ser castigadas con multas de entre 6.001 y 12.000 euros.
Más control sobre los vehículos VTC
Las nuevas medidas también afectan a los vehículos de transporte con conductor (VTC).
La normativa considera infracciones muy graves la captación de clientes en la vía pública y la prestación de servicios sin la correspondiente autorización administrativa, estableciendo igualmente sanciones de entre 6.001 y 12.000 euros.
Estas modificaciones complementan el primer reglamento autonómico que regula los servicios de taxi y VTC en las Illes Balears, aprobado este mismo año para desarrollar la Ley 14/2014 de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible, doce años después de su entrada en vigor.
El reglamento refuerza además la obligación de contratación previa de los vehículos VTC e incorpora criterios objetivos para limitar nuevas autorizaciones en función de factores como la congestión del tráfico o la calidad del aire.
Coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad
La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, destacó durante la reunión la importancia de establecer planes de actuación coordinados entre todas las administraciones implicadas para mejorar la detección y sanción de las actividades ilegales relacionadas con el transporte de viajeros.
También subrayó la necesidad de continuar reforzando la formación de policías locales y técnicos municipales, dando continuidad a los cursos ya desarrollados en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) y promoviendo nuevas acciones formativas junto a los ayuntamientos y la Guardia Civil de Tráfico.
Amplia representación institucional
En la reunión participaron representantes de diferentes departamentos del Govern de les Illes Balears, la Delegación del Gobierno, los consejos insulares, el Ayuntamiento de Palma, Aena, la Autoridad Portuaria de Baleares, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Palma, además de organizaciones empresariales como CAEB, PIMEB, la Federación Balear de Transporte Terrestre (FEBT), asociaciones del sector del taxi, los sindicatos UGT y CCOO, y la Asociación de Consumidores y Usuarios de las Illes Balears (Consubal).
Con esta nueva línea de trabajo, el Govern pretende reforzar la cooperación entre todas las administraciones y organismos implicados para combatir el transporte ilegal de pasajeros y garantizar una competencia leal dentro del sector.
