Cuaderno de bitácora: Ceuta vista desde el mar.

El 3 de agosto de 2026, el Buque de Acción Marítima Rayo (P-42) entró en el puerto de Ceuta. Había sido desplazado desde su base en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria para reforzar la vigilancia marítima en torno a una ciudad que acababa de afrontar una entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. Su presencia podía parecer una consecuencia lógica de la emergencia fronteriza. Sin embargo, el movimiento respondía también a otro escenario que entonces no había trascendido: unidades de la Marina Real marroquí habían penetrado reiteradamente en aguas consideradas españolas, provocando incidentes de considerable tensión con embarcaciones militares de nuestro país.

El despliegue del Rayo fue noticia el 6 de agosto. La explicación pública se centró en el refuerzo de la vigilancia tras la crisis migratoria. Habrían de transcurrir más de dos meses hasta que una investigación publicada por Miguel González en El País, el 12 de octubre, revelara la dimensión naval de aquellos acontecimientos. El Gobierno español reconoció entonces las incursiones. También se conoció que las maniobras de las unidades marroquíes habían estado cerca de provocar una colisión y que España movilizó tres buques de la Armada para responder a la situación.

Mientras miles de personas trataban de alcanzar las playas de Ceuta, a poca distancia de la costa se desarrollaba otro episodio de la crisis: una tensión entre buques militares españoles y marroquíes que los primeros relatos del Tarajal no permitían imaginar. 

Lo que ocurrió en aquellas aguas obliga a reconstruir una historia distinta de la que mostraron las primeras imágenes del Tarajal.

En Ceuta, la frontera no termina en la orilla. Junto al Estrecho de Gibraltar confluyen comercio, pesca, movimientos migratorios y presencia militar. Todo ocurre en un espacio reducido, a pocas millas de las costas marroquíes. Su litoral forma parte de un entorno marítimo especialmente sensible. España ejerce soberanía sobre la ciudad y reivindica los espacios marítimos que le corresponden conforme al derecho internacional. Marruecos, que cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, tampoco reconoce sus aguas en los mismos términos. La ausencia de una delimitación marítima bilateral completa favorece las discrepancias, particularmente en zonas donde las costas de ambos países se encuentran muy próximas.

Las embarcaciones de vigilancia marroquíes operan habitualmente en ese escenario. También se producen incidentes relacionados con la persecución del narcotráfico y otros movimientos fronterizos. La presencia de una patrullera extranjera, considerada aisladamente, no constituye necesariamente una amenaza. Pero una fragata de combate introduce una dimensión diferente… Según la investigación de El País, durante los días 30 y 31 de julio y las primeras jornadas de agosto, al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí realizaron entradas reiteradas en aguas de soberanía española.

Las fuentes consultadas por el periódico describieron movimientos deliberados, ajenos a un simple tránsito accidental, y maniobras que llegaron a comprometer la seguridad de la navegación. El episodio más peligroso habría enfrentado a dos patrulleros, uno español y otro marroquí, que estuvieron cerca de colisionar. Un incidente en el mar puede comenzar sin un solo disparo. Bastan dos rumbos incompatibles, una distancia que se acorta y una maniobra mal interpretada. A bordo, las decisiones se toman en segundos. Y una equivocación puede tener consecuencias que después ningún comunicado diplomático consiga borrar. Aquellos incidentes se desarrollaron, además, mientras los recursos policiales, sanitarios y de emergencia españoles afrontaban una situación excepcional en tierra.

El 31 de julio de 2026, la prensa ya informaba de la entrada de patrulleras y embarcaciones neumáticas marroquíes en aguas de Ceuta, coincidiendo con los momentos más críticos de la crisis fronteriza. Aquella presencia naval en aguas territoriales españolas quedó reflejada en una crónica publicada ese mismo día. Sin embargo, no disponemos de información suficiente para determinar qué cometido desarrollaban aquellas unidades, qué instrucciones habían recibido ni si se encontraban entre las embarcaciones implicadas en las incursiones no autorizadas que el Gobierno reconocería públicamente más de dos meses después. Nuevamente, habíamos sido invadidos no solo por tierra, sino también por nuestro mar territorial.

El 8 de julio de 2026, la Sexta Flota de Estados Unidos difundió un comunicado sobre la participación de la fragata marroquí Mohammed VI (701) en la revista naval internacional organizada en Nueva York con motivo del 250.º aniversario de la independencia estadounidense. El buque había permanecido en la ciudad durante seis días, participando en actos militares, actividades protocolarias y encuentros con otras marinas. La información oficial confirmó su salida del puerto neoyorquino aquel mismo 8 de julio. La Mohammed VI no es una patrullera de vigilancia costera. Es una de las principales unidades de combate de Marruecos: una fragata de la clase FREMM, capaz de sostener despliegues transatlánticos y participar en operaciones internacionales con otras marinas.

Botada en septiembre de 2011, la Mohammed VI representó un salto tecnológico sin precedentes para la Marina Real. Dotada de avanzados sistemas de detección y capacidad para operar helicópteros, puede navegar más de 11.000 kilómetros a velocidad económica. Su importancia llegó a ser reconocida en la propia Revista General de Marina española, que en 2018 destacó sus capacidades.

El interés de aquella visita adquirió una dimensión inesperada después del 12 de octubre. El periodista Ignacio Cembrero atribuyó a la fragata una participación en los incidentes de Ceuta. El analista Yago Rodríguez, durante una intervención en Al Rojo Vivo, sostuvo que el buque había regresado de Estados Unidos hacia el entorno ceutí sin realizar una escala intermedia de mantenimiento. Rodríguez interpretó las maniobras como una operación planificada y describió un comportamiento agresivo por parte de las patrulleras marroquíes. La documentación estadounidense acredita su salida de Nueva York. No permite conocer por sí sola su ruta posterior, las escalas que pudiera haber realizado ni su ubicación exacta durante los días 30 y 31 de julio. Esa diferencia importa. Identificar un buque militar exige algo más que reconocer su silueta en una fotografía o conocer el puerto del que zarpó semanas antes.

El 17 de octubre, una investigación de The Objective añadió un dato sobre los movimientos de la Mohammed VI. Según los registros del sistema de identificación automática (AIS) examinados por ese periódico, la fragata se encontraba en el entorno portuario de Casablanca el 29 de julio. Entre las 13:11 y las 14:33 horas se registraron dieciocho posiciones compatibles con un buque parado, a cero nudos. Después de esa última hora dejó de aparecer en la secuencia de datos consultada. La investigación señaló también la ausencia de señales AIS de la fragata Hassan II y de la corbeta Tarik Ben Ziyad durante los días críticos.

La Armada española respondió a las incursiones mediante un despliegue escalonado. El BAM Rayo, destinado en Canarias, llegó a Ceuta el 3 de agosto. Su función habitual de vigilancia y seguridad marítima lo convertía en una unidad adecuada para reforzar la presencia española en aguas próximas al Estrecho. Posteriormente se desplazó desde Rota la fragata Santa María (F-81), perteneciente a la 41.ª Escuadrilla de Escoltas. Una avería obligó a organizar su relevo por la fragata Navarra (F-85). El 6 de agosto ambas unidades coincidieron en Ceuta durante unas horas para efectuar el correspondiente relevo de personal. La secuencia refleja una respuesta militar que fue aumentando sus recursos mientras persistían los incidentes. Según la información publicada por El País, la actuación española tuvo carácter disuasorio. Los movimientos marroquíes cesaron después del despliegue naval y de una «gestión de alto nivel» del Ministerio de Defensa ante las autoridades de Rabat.

El 14 de octubre, The Objective aportó nuevos detalles sobre aquella «gestión de alto nivel». Fuentes militares consultadas por el periódico describieron una conversación especialmente tensa entre responsables de ambas Armadas, en la que la parte española habría exigido el cese de las maniobras reiteradas de los buques marroquíes. No se han divulgado las órdenes operativas, las reglas de enfrentamiento ni las comunicaciones concretas mantenidas entre ambas Armadas. Aquellas decisiones se tomaron desde los puentes de mando, frente a otros buques de guerra y con muy poco margen para equivocarse. Los incidentes terminaron sin enfrentamientos armados.

No es lo mismo que un pesquero entre por iniciativa propia en aguas de otro Estado que hacerlo siguiendo instrucciones de una autoridad militar. El 14 de octubre, Pilar de la Cuesta reveló en ABC, citando fuentes militares, que España había interceptado comunicaciones de la Marina Real marroquí dirigidas a pesqueros de su país para que entraran y faenaran en aguas españolas. Las instrucciones fueron detectadas durante los días 30 y 31 de julio y jornadas posteriores, cuando Ceuta afrontaba la entrada masiva de personas y los incidentes protagonizados por buques de guerra de Marruecos. La investigación identificó también al jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, como uno de los responsables de gestionar la respuesta militar española y mantener contactos con altos mandos marroquíes. La trascendencia de esas comunicaciones, de confirmarse su contenido y procedencia, iría más allá de una controversia sobre límites marítimos. Introduciría un elemento de dirección militar en los desplazamientos de embarcaciones civiles, precisamente durante una crisis fronteriza.

Hay un dato que merece una explicación: las comunicaciones atribuidas por ABC a la Marina Real marroquí no figuraban entre los cuarenta documentos publicados por el Gobierno en septiembre. La reserva de información de inteligencia puede responder a motivos legítimos de seguridad nacional. Pero la ausencia de esos documentos deja sin respuesta una cuestión esencial: si los servicios españoles habían detectado instrucciones de la Marina Real a embarcaciones civiles, ¿Qué valoración hicieron las autoridades de su posible relación con las demás actuaciones marroquíes? ¿Actuaron los pesqueros por iniciativa propia, respondieron a instrucciones de la Marina Real o participaron en una operación de presión más amplia?

En las fotografías tomadas durante la crisis aparece un objeto que se repite con una frecuencia llamativa: un flotador negro, diseñado para imitar un neumático de automóvil. El 11 de octubre, Gustavo Molina publicó en El Español una investigación basada en el trabajo de José María Gil Garre, analista de inteligencia y codirector del International Security Observatory. Gil Garre había examinado más de 150 fotografías relacionadas con las entradas marítimas de los días 30 y 31 de julio. Según el análisis citado, aproximadamente el 90% de los elementos de flotabilidad visibles en la muestra presentaban una importante homogeneidad comercial. Entre ellos destacaba el modelo Mud Master, referencia 36016, de la marca Bestway.

La investigación relacionaba parte de las adquisiciones con Jumia.ma y señalaba Castillejos —Fnideq, en Marruecos— como uno de los posibles puntos de distribución. La plataforma pertenece al grupo Jumia Technologies AG, sociedad alemana dedicada al comercio electrónico, la logística y los servicios asociados a las ventas por internet. Su operadora en Marruecos es Ecart Services Morocco SARLAU, una sociedad domiciliada en Casablanca.

Seguir la pista de un flotador no significa saber quién lo compró. Faltan los pedidos, los compradores, las cantidades y las entregas. Tampoco hay pruebas de que el fabricante o los vendedores conocieran el destino final de aquellos productos. El supuesto agotamiento del modelo solo se podrá comprobar con los registros comerciales correspondientes. Sería una interesante línea de investigación para la Autoridad Judicial.

El 3 de septiembre, el presidente del Gobierno anunció ante el Congreso que haría públicos los informes recibidos por los organismos estatales sobre la crisis de Ceuta. Seis días después, el 9 de septiembre, La Moncloa publicó un repositorio de cuarenta documentos y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio. Procedían de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. El conjunto permitió reconstruir parte de la secuencia de alertas sobre la posible entrada masiva de personas, los indicios recopilados y las valoraciones que manejaban las distintas instituciones. Entre los documentos se encontraban comunicaciones del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, informes del CNI y análisis del CIFAS. Los cuarenta documentos permitieron seguir las alertas de la frontera terrestre. No ofrecieron, en cambio, una reconstrucción de las maniobras de la Marina Real ni del despliegue posterior de la Armada española.

Más tarde aparecieron informaciones que atribuían al Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32 la detección y el seguimiento de comunicaciones vinculadas a los movimientos navales. También se apuntó a posibles interferencias en comunicaciones y sistemas de vigilancia durante las jornadas críticas. Algunas informaciones las relacionaban con una eventual actividad marroquí de guerra electrónica. Entre las posibilidades apuntadas figura una eventual intervención de la fragata Mohammed VI, siempre que se confirmara su presencia en la zona y que dispusiera de las capacidades necesarias para provocar tales alteraciones. No se han publicado registros que acrediten un apagón deliberado ni que permitan atribuirlo a la Marina Real marroquí. Los informes del Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32 podrían aclarar qué sucedió y qué autoridades recibieron los avisos.

El repositorio de Moncloa abarcaba solo el mes de julio, mientras que los incidentes navales continuaron durante los primeros días de agosto. Sigue sin conocerse qué recorrido tuvo la información operativa de esas jornadas. La transparencia no obliga a divulgar frecuencias de comunicación, capacidades de inteligencia ni procedimientos operativos sensibles. Pero reservar esos datos no impide explicar institucionalmente lo sucedido ni ejercer control parlamentario sin comprometer la seguridad de las unidades.

El 16 de octubre se conoció otro informe del CNI, remitido a la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional. Según el contenido divulgado por El País y la Cadena SER, el servicio de inteligencia sostiene que las autoridades marroquíes conocían con antelación las convocatorias de entrada masiva y que, el 29 de julio, España envió una alerta urgente a los servicios marroquíes DGST y DGED. El informe reprocha a Rabat una respuesta que considera insuficiente durante los momentos críticos y señala la prioridad otorgada a la seguridad de los actos de la Fiesta del Trono.

Mientras Ceuta afrontaba los acontecimientos del 30 y 31 de julio, los servicios policiales españoles también examinaban la posibilidad de que la presión migratoria se desplazara hacia el Atlántico. El 31 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras advirtió a la Jefatura Superior de Policía de Canarias del riesgo de un aumento de llegadas desde Marruecos, incluida una posible reactivación de las rutas que conectan las costas marroquíes y el Sáhara Occidental con las islas. Días antes, el CNI había analizado factores que podían favorecer nuevas salidas hacia Canarias, entre ellos la situación de las rutas atlánticas y la finalización de la temporada pesquera en Senegal. Eran avisos preventivos, no pruebas de una operación naval contra Canarias ni de una coordinación con Ceuta. Sí demuestran que la valoración de riesgos de aquellos días iba más allá de la ciudad autónoma.

El 15 de octubre, Atlántico Hoy publicó una entrevista con el Dr. Martín González, analista de Inteligencia, Seguridad y Defensa, en la que interpretaba las actuaciones marroquíes como posibles manifestaciones de guerra híbrida. El experto advertía de la necesidad de evaluar las capacidades españolas de respuesta también en Canarias.

No se han documentado incursiones equivalentes de la Marina Real en aguas canarias durante aquellos días. La conexión más concreta con Ceuta sigue siendo el despliegue del BAM Rayo. Una unidad habitualmente destinada en Las Palmas de Gran Canaria fue movilizada para reforzar la vigilancia de Ceuta. El movimiento se hizo público desde agosto, aunque no se explicó entonces su relación con los incidentes militares que posteriormente trascenderían. La pregunta es concreta: ¿están nuestros medios navales, su distribución y su capacidad de reacción preparados para afrontar riesgos simultáneos en distintos espacios marítimos?

Desde que trascendieron las incursiones se habla de guerra híbrida. El concepto reúne medios militares y no militares, presión económica, operaciones informativas y actuaciones irregulares que pueden mantenerse por debajo del umbral de un enfrentamiento armado convencional: la llamada zona gris. Aplicar ese marco a los acontecimientos de Ceuta obliga a examinar varios planos. El primero es la entrada masiva de personas desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. El segundo corresponde a las maniobras de unidades militares marroquíes en aguas próximas a la ciudad. El tercero se refiere a las presuntas instrucciones dirigidas a pesqueros civiles. A ellos podría añadirse la eventual existencia de una preparación material de los desplazamientos, si los indicios comerciales sobre los flotadores terminaran acreditando una distribución organizada.

The Objective sostuvo que los satélites marroquíes de observación Mohammed VI-A y Mohammed VI-B realizaron once pasadas sobre el entorno de Ceuta y Melilla en fechas próximas a la crisis. Una pasada orbital no acredita la toma de imágenes ni una coordinación operativa. El analista Yago Rodríguez ha defendido públicamente que las maniobras navales respondieron a una planificación marroquí. Otros especialistas han interpretado los acontecimientos como una prueba de la capacidad de respuesta española. El Gobierno sostiene que no dispone de elementos que permitan establecer una conexión entre las incursiones militares y la entrada migratoria.

También llegó una respuesta desde Marruecos. El 13 de octubre, Samir Bennis cuestionó en Le360 las conclusiones de El País: sin coordenadas exactas, sin precisar qué hacían los buques y sin determinar el régimen de delimitación aplicable, sostuvo, no podía demostrarse jurídicamente la vulneración del mar territorial. También destacó la ausencia de un acuerdo bilateral completo sobre los espacios marítimos que rodean Ceuta. Su argumentación introduce una cuestión jurídica real, aunque parte de una posición política distinta de la española en relación con la soberanía de la ciudad.

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce a los buques extranjeros el derecho de paso inocente por el mar territorial. La navegación debe realizarse de manera continua y rápida, sin actividades perjudiciales para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. El régimen de navegación por estrechos internacionales contiene, además, disposiciones específicas sobre el paso en tránsito.

En España, la Ley 14/2014, de Navegación Marítima, regula estos supuestos. Su art. 37 establece el régimen general del paso inocente, mientras que el art. 52 identifica determinadas actividades de los buques de Estado incompatibles con él. El art. 54 contempla la actuación de la Armada frente a buques de guerra extranjeros que incumplan las disposiciones aplicables. Por tanto, la entrada de un buque militar extranjero en aguas territoriales no determina automáticamente una infracción. La posición, el comportamiento y el régimen jurídico de navegación deben examinarse conjuntamente.

En resumen, la ausencia de delimitación bilateral no equivale a una inexistencia de derechos marítimos españoles. La soberanía sobre Ceuta constituye la posición jurídica de España, mientras que la interpretación marroquí forma parte de una controversia política y territorial más amplia.

El 14 de octubre, la acusación popular unificada, encabezada por Iustitia Europa, solicitó a la magistrada María Tardón que investigara expresamente las incursiones navales. La petición se formuló dentro de las actuaciones judiciales relacionadas con la crisis de Ceuta. El escrito reclamaba la conservación urgente de registros y la práctica de diligencias para conocer qué sucedió en el espacio marítimo español. Entre la documentación solicitada figuraban órdenes operativas, diarios de navegación, cuadernos de bitácora, comunicaciones militares y registros de los sistemas de vigilancia. También se interesaba información de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los organismos de inteligencia competentes. Las peticiones comprendían posibles datos procedentes de Frontex, EUROSUR y el Centro de Satélites de la Unión Europea.

La acusación invocó, entre otras referencias jurídicas, el art. 590 CP, relativo a determinados actos ilegales o no autorizados capaces de provocar consecuencias graves en las relaciones con una potencia extranjera. La investigación judicial avanzó el 19 de octubre, aunque no consta que se haya acordado íntegramente la práctica de todas las diligencias específicamente navales solicitadas por la acusación popular.

Según la resolución judicial conocida por El País y la Cadena SER, la magistrada Tardón requirió al jefe del Estado Mayor de la Defensa que se remitieran los informes de inteligencia y seguridad elaborados por la Comandancia General de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026. Entre los documentos reclamados figura el informe original REW 32 y los informes del CIFAS relativos al grupo de seguimiento de Marruecos. La Audiencia Nacional también pidió ampliar la documentación de imágenes satelitales, interceptaciones relacionadas con el programa «Santiago» y grabaciones de sistemas de vigilancia y control fronterizo. Se anunciaron nuevas declaraciones de responsables policiales y políticos para los días 26, 27 y 28 de octubre.

La jueza ha reclamado documentación para conocer qué información recibió cada organismo y qué decisiones se adoptaron. Queda por saber si los registros navales solicitados por la acusación se incorporarán al procedimiento.

El 12 de octubre, durante la recepción de la Fiesta Nacional, Pedro Sánchez reconoció públicamente los incidentes navales que habían sido revelados esa misma jornada. El presidente explicó que se trató de días difíciles y destacó que la situación se resolvió mediante contactos de alto nivel entre ambos países. En declaraciones posteriores, el Gobierno mantuvo que los episodios fueron puntuales y que la interlocución permitió normalizar la situación.

El despliegue del Rayo fue conocido durante agosto. También se supo que otras unidades españolas habían reforzado su presencia en el entorno de Ceuta. Sin embargo, la opinión pública no dispuso entonces de una explicación completa sobre las maniobras de la Marina Real ni sobre el riesgo de colisión descrito posteriormente por las fuentes militares.

El Gobierno conocía aquellos incidentes desde que se produjeron. También informó al rey Felipe VI, según confirmaron fuentes de Zarzuela, aunque no se ha precisado públicamente cuándo recibió el monarca esa información. Hay otro detalle en la revelación del 12 de octubre. La exclusiva apareció en El País, un diario de línea editorial progresista que no suele identificarse con la oposición al Ejecutivo. Y apareció precisamente el Día de la Hispanidad.

Cabe preguntarse si aquella revelación respondió exclusivamente al trabajo de investigación periodística o si alguna fuente interesada pudo considerar oportuno anticipar unos hechos que, tarde o temprano, podían terminar aflorando por otras vías. Quizá resultara preferible afrontar el desgaste de una exclusiva periodística descafeinada que esperar a que nuevas filtraciones o diligencias judiciales incorporasen detalles todavía más comprometidos.

Dos días después, la acusación popular pidió a la Audiencia Nacional que investigara las incursiones navales. La coincidencia de fechas no demuestra una filtración dirigida ni una estrategia gubernamental de comunicación. El 14 de octubre, ABC publicó una información que atribuía a fuentes del entorno gubernamental el malestar de Moncloa por la divulgación de los incidentes y las sospechas de una filtración desde el entorno de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esa sospecha no se ha acreditado.

El 3 de septiembre de 2026, Pedro Sánchez compareció ante el Congreso de los Diputados para explicar la gestión del Gobierno durante la crisis de Ceuta. Habló de las entradas masivas, de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los informes de inteligencia y de las relaciones con Marruecos. Pero omitió un episodio que el Ejecutivo conocía desde finales de julio: la entrada de unidades militares marroquíes en aguas españolas y la respuesta naval que aquellos movimientos habían exigido.

Es interesante destacar que el 31 de julio, en una comparecencia oficial en Ceuta, Pedro Sánchez calificó la entrada masiva de personas como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España». Aquellas palabras se referían a lo sucedido en la frontera, no específicamente a las incursiones de los buques marroquíes que trascenderían en octubre.

En septiembre, el presidente pasó a destacar la dimensión humanitaria de la crisis. El día 9 rechazó llamar «invasores» a los migrantes; el 14, durante una entrevista en El Intermedio, cuestionó expresamente el uso de la palabra «invasión». La preocupación por las vidas humanas y la defensa de la integridad territorial no son incompatibles, pero el cambio de énfasis resulta especialmente llamativo cuando el Ejecutivo conocía ya los incidentes navales.

¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Fue una evolución de la interpretación presidencial o influyó la conveniencia electoral de rebajar el tono, cuando el Gobierno conocía los incidentes navales? La segunda posibilidad es una hipótesis del autor, no un hecho acreditado.

El Congreso no recibió una explicación de lo sucedido en el mar. Para darla no hacía falta divulgar órdenes militares sensibles. El silencio institucional tampoco se circunscribió al Gobierno. El 13 de octubre, fuentes de la Casa del Rey confirmaron que Felipe VI había sido informado por el Ejecutivo de las incursiones de la Marina Real marroquí en aguas de Ceuta, aunque sin precisar cuándo recibió aquella información.

El 7 de septiembre, el monarca reunió en Zarzuela a la ministra de Defensa, al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a responsables operativos para examinar la situación militar de Ceuta. El contenido detallado de la reunión no se hizo público y no está confirmado que se trataran específicamente las maniobras navales.

Felipe VI, capitán general de los tres Ejércitos y titular del mando supremo de las Fuerzas Armadas conforme al art. 62.h CE, había recibido información de los incidentes. Tampoco desde Zarzuela se ofreció una explicación pública específica sobre aquellas incursiones antes de que trascendieran a la prensa. ¿Cuándo supo realmente Felipe VI lo que estaba ocurriendo frente a Ceuta y qué alcance tuvo la información que recibió?

Las preguntas llegaron también a Bruselas. El 14 de octubre, dos días después de las revelaciones, la Comisión Europea se pronunció sobre las incursiones. Según recogió EFE, dejó el esclarecimiento de lo ocurrido en manos de España y Marruecos. El portavoz comunitario recordó expresamente que Ceuta y Melilla son territorio de la UE y forman parte de sus fronteras exteriores. En la misma comparecencia, Bruselas reiteró que Marruecos constituye un socio estratégico en materia migratoria, valoró la cooperación bilateral y destacó el compromiso de Rabat de readmitir a las personas que habían entrado durante la crisis. La comparecencia pública dejó, además, una pregunta sin contestar. Durante la rueda de prensa comunitaria, un periodista quiso saber si España había informado a la Comisión sobre los incidentes y, en su caso, cuándo lo había hecho. Los portavoces no pudieron ofrecer una fecha ni confirmar en aquel momento el contenido de una eventual comunicación. Anunciaron que examinarían la cuestión.

La OTAN adoptó una posición aún más reservada. Consultado por EFE, un representante de la Alianza declinó comentar las maniobras y remitió a las autoridades españolas. No consta, a fecha de cierre de esta versión, que España invocara formalmente el art. 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas sobre el incidente. ¿Opacidad informativa de manual?

La crisis de Ceuta tuvo un coste humano que ninguna lectura estratégica debe desplazar. Miles de personas trataron de cruzar la frontera; algunas murieron en el mar. Policía, Guardia Civil, servicios sanitarios y otros recursos públicos tuvieron que responder a una emergencia extraordinaria. Sus consecuencias aún se dejan sentir en la ciudad.

Al mismo tiempo se produjo una crisis naval que tardó meses en ser conocida en toda su dimensión. El Gobierno ha reconocido entradas de buques militares marroquíes; sabemos qué unidades españolas se movilizaron y que hubo contactos institucionales para detener los incidentes. Mucho menos sabemos de las posiciones exactas, las órdenes y las comunicaciones que rodearon aquellas maniobras. Queda por aclarar si las presuntas órdenes a pesqueros, las interceptaciones y la pista de los flotadores respondieron a una estrategia común.

No hace falta atribuir intenciones sin pruebas para reconocer la gravedad de una crisis que obligó a reforzar la presencia militar española frente a Ceuta. Parte de las respuestas podría llegar ahora desde la Audiencia Nacional. La magistrada María Tardón ha reclamado informes militares y de inteligencia, y están previstas nuevas declaraciones judiciales para finales de octubre. Habrá que comprobar qué aportan y si permiten esclarecer aquello que, por ahora, solo conocemos a través de las informaciones publicadas.

Este cuaderno de bitácora llega, por ahora, a puerto. Pero no se cierra. Cuando aparezcan nuevos hechos documentados, volveremos a navegar por cálidas aguas de Ceuta.