Una sentencia obliga al Ayuntamiento de San Fernando a indemnizar a un policía local lesionado durante una intervención

Una resolución judicial ha dado la razón a un agente de la Policía Local de San Fernando que reclamaba una indemnización por las lesiones sufridas durante una intervención realizada en el ejercicio de sus funciones. El fallo condena al Ayuntamiento isleño a abonar la cantidad solicitada por el funcionario, así como los intereses legales correspondientes y las costas derivadas del procedimiento judicial.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, estima íntegramente la demanda presentada por el policía local tras varios años de reclamaciones administrativas que no obtuvieron respuesta favorable por parte de la administración municipal. El caso ha sido dado a conocer por el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), organización que considera que el fallo supone un respaldo a las reivindicaciones mantenidas por los agentes afectados.

Según explica el sindicato policial, esta resolución constituye la primera de un total de seis reclamaciones judiciales interpuestas por miembros de la plantilla de la Policía Local de San Fernando que resultaron lesionados durante actuaciones relacionadas con el servicio. Todas ellas tienen como origen la negativa municipal a asumir el pago de las correspondientes indemnizaciones.

La organización sindical sostiene que los funcionarios afectados se vieron obligados a acudir a los tribunales después de que sus solicitudes fueran desestimadas o quedaran sin respuesta mediante silencio administrativo. Esta situación, aseguran, provocó largos procedimientos judiciales para reclamar unos derechos que consideran amparados por la legislación y por la jurisprudencia existente en esta materia.

El fallo judicial reconoce que el agente sufrió las lesiones mientras desarrollaba una actuación propia de su trabajo como policía local, circunstancia que fundamenta el derecho a ser indemnizado. La sentencia obliga al Ayuntamiento a afrontar el pago de la cuantía reclamada y a asumir también los costes generados por el procedimiento judicial.

Desde SIP-AN se advierte además de que este pronunciamiento podría marcar el camino para el resto de procedimientos pendientes. Las cantidades reclamadas en el conjunto de las seis demandas rondan los 70.000 euros, una cifra a la que podrían añadirse intereses legales, costas procesales y otros gastos derivados de la tramitación de los distintos litigios.

El sindicato también ha aprovechado para reclamar una mayor protección institucional hacia los funcionarios municipales que sufren lesiones o se ven inmersos en procedimientos judiciales como consecuencia directa de su trabajo. Entre sus reivindicaciones figura la prestación de asistencia jurídica efectiva por parte de la administración local cuando los agentes se ven afectados por actuaciones derivadas de sus funciones profesionales.

La organización considera que resulta especialmente preocupante que profesionales que intervienen diariamente en situaciones de riesgo para garantizar la seguridad ciudadana deban iniciar complejos procesos judiciales para obtener compensaciones derivadas de daños sufridos durante el servicio. A su juicio, la sentencia pone de manifiesto que las administraciones públicas no pueden eludir la responsabilidad que les corresponde respecto a sus empleados cuando estos resultan lesionados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Mientras tanto, el procedimiento queda pendiente de las futuras resoluciones que puedan dictarse sobre los otros cinco casos aún abiertos. El resultado de estos procesos podría tener un importante impacto económico para las arcas municipales y sentar un precedente relevante en materia de protección y reconocimiento de los derechos de los agentes lesionados en acto de servicio.