La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa a través de los principales puertos españoles. La investigación, desarrollada bajo el nombre de operación MONDRAGÓN, ha permitido intervenir más de 21 toneladas de cocaína y detener a 43 personas, de las que ocho han sido arrestadas en España y 36 en Ecuador.
Desde Periódico Policial te contamos todos los detalles de esta operación internacional, que ha permitido desmantelar un complejo entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa.
Según la investigación, la organización tenía su principal base de operaciones en La Rioja, desde donde había creado un entramado de sociedades mercantiles con el objetivo de dar apariencia de legalidad a importaciones procedentes de Sudamérica y ocultar la droga en el interior de contenedores con mercancía legal.
Los envíos llegaban principalmente a los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia, considerados puntos estratégicos para la entrada de la droga en territorio español.
Más de 21 toneladas de cocaína intervenidas
A lo largo de 2024, las distintas actuaciones policiales desarrolladas en el marco de esta investigación permitieron interceptar varios contenedores que transportaban un total de 21 toneladas de cocaína, localizadas en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.
Estas intervenciones facilitaron la detención de algunos participantes en las distintas operaciones y permitieron reunir pruebas suficientes para identificar a los presuntos responsables de la organización, que dirigían la actividad criminal principalmente desde España y Dubái.
Una organización dividida en tres ramas
Las investigaciones determinaron que la organización contaba con una estructura perfectamente organizada y dividida en tres ramas.
La primera, asentada en España, estaba integrada por ciudadanos españoles y marroquíes encargados de crear las empresas necesarias para importar los contenedores desde Sudamérica, dar apariencia de legalidad a la actividad y gestionar la mercancía legal que servía para ocultar la cocaína.
La segunda rama operaba en Ecuador, principalmente desde el puerto de Guayaquil, donde se controlaba la denominada “contaminación” de los contenedores, introduciendo la droga antes de su envío hacia Europa.
La tercera tenía su base en Dubái y estaba formada por los presuntos inversores de la organización, de origen albanés, que aportaban importantes cantidades de dinero para financiar la actividad delictiva y mantener operativas las empresas utilizadas como cobertura.
Primera fase en Ecuador
En marzo de 2025 se desarrolló la primera fase de explotación de la investigación en Ecuador, donde las autoridades desarticularon la rama asentada en ese país.
Durante este operativo se practicaron 50 registros domiciliarios en distintos puntos del territorio ecuatoriano y fueron detenidas 36 personas. En la actuación participó personal de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil integrado junto a las fuerzas policiales ecuatorianas.
Registros y detenciones en España
Tras más de dos años de investigación, la Guardia Civil llevó a cabo registros y detenciones en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz.
La operación concluyó con la detención e investigación de ocho personas y la incautación de aproximadamente un millón de euros en efectivo, localizado durante los registros efectuados en la localidad riojana de Arnedo.
Además del dinero intervenido, los agentes bloquearon numerosas propiedades, vehículos y productos financieros, con el objetivo de impedir que la organización continuara utilizando sus beneficios económicos procedentes del narcotráfico.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA). La operación ha contado con la coordinación de EUROPOL y de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), a través del proyecto GDIN.
En España, las actuaciones han estado dirigidas por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.




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