La cooperación internacional contra el fraude financiero ha permitido la detención en Tenerife de uno de los presuntos responsables de una de las mayores estafas piramidales investigadas en los últimos años. La Guardia Civil arrestó al reclamado en el sur de la isla después de que las autoridades estadounidenses activaran una orden internacional relacionada con una trama que habría provocado pérdidas superiores a los 650 millones de dólares, equivalentes a unos 558 millones de euros.
La actuación fue desarrollada por agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, que localizaron al fugitivo durante las labores habituales de comprobación e identificación de personas reclamadas internacionalmente. Una vez confirmado que sobre él pesaba una solicitud de detención emitida por Estados Unidos, se estableció un dispositivo que culminó con su arresto y posterior puesta a disposición judicial. La autoridad competente acordó su ingreso en prisión provisional mientras se tramita el procedimiento de entrega al país reclamante.
La investigación estadounidense sitúa al detenido entre los principales responsables de OmegaPro, una plataforma de inversión creada en 2019 que prometía elevados beneficios a quienes aportaran capital a través de criptomonedas. Según la acusación, la organización aseguraba a los inversores que sus fondos serían gestionados por expertos operadores financieros capaces de generar rendimientos extraordinarios en plazos relativamente cortos.
Las pesquisas sostienen que el sistema ofrecía rentabilidades de hasta el 300% en un periodo de 16 meses, una promesa que sirvió para atraer a miles de personas en distintos países. Los participantes debían realizar sus aportaciones mediante activos digitales, un mecanismo que dificultaba el seguimiento posterior del dinero y favorecía la movilidad internacional de los fondos captados.
Para reforzar la credibilidad del proyecto, la organización desarrolló una intensa campaña promocional a escala internacional. Los investigadores consideran que la empresa construyó una imagen de solvencia basada en eventos multitudinarios, exhibiciones públicas de lujo y una potente presencia en redes sociales. Además, diversas personalidades vinculadas al mundo del deporte fueron utilizadas como reclamo publicitario para aumentar la confianza de potenciales inversores.
La acusación sostiene que los fondos obtenidos eran transferidos inicialmente a monederos digitales controlados por los responsables de la estructura y posteriormente redistribuidos a través de diferentes canales financieros con el objetivo de dificultar el rastreo de su origen. Los investigadores creen que parte de estos movimientos respondían a estrategias destinadas a ocultar el destino final del dinero captado.
El colapso del sistema se produjo en 2023, cuando la plataforma comunicó a sus usuarios que había sido víctima de un supuesto ciberataque. Según la documentación judicial, los responsables aseguraron entonces que las inversiones serían transferidas a otra plataforma y que los fondos permanecían protegidos. Sin embargo, los afectados nunca recuperaron el dinero aportado.
La investigación está siendo desarrollada por el FBI, organismos federales especializados en delitos económicos y varias agencias internacionales, con la colaboración de autoridades policiales y judiciales de distintos países. Los dos principales acusados se enfrentan a cargos relacionados con fraude electrónico y blanqueo de capitales, delitos que en Estados Unidos pueden conllevar penas de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos imputados.
La detención practicada en Tenerife supone un nuevo avance en una investigación de alcance internacional centrada en esclarecer el destino de cientos de millones de euros y depurar responsabilidades por una presunta trama financiera que afectó a miles de inversores repartidos por numerosos países.
Detenido en Tenerife uno de los principales investigados por una macroestafa piramidal de 558 millones de euros
La Guardia Civil localizó al fugitivo en el sur de la isla tras una orden internacional impulsada por las autoridades de Estados Unidos. El FBI le atribuye su participación en una red que habría captado fondos de miles de inversores mediante falsas promesas de rentabilidad.
