Liberadas ocho personas explotadas laboralmente por una organización criminal asentada en La Rioja

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal asentado en La Rioja y ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

La operación, denominada “Portus-Cale”, ha permitido liberar a ocho víctimas de nacionalidad portuguesa, con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años, que presuntamente eran sometidas a un sistema de explotación basado en el control, la dependencia y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.

Según la investigación, la organización anulaba la autonomía de las víctimas y las utilizaba como mano de obra para obtener beneficios económicos. Los trabajadores eran alojados en viviendas que carecían de condiciones mínimas de habitabilidad, con escasas medidas de higiene y sin las comodidades básicas necesarias.

Además, los explotadores les suministraban alcohol como mecanismo de control y aislamiento, mientras que la alimentación que recibían incluía, según la investigación, carne en mal estado.

Las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias, sin descanso semanal y con disponibilidad permanente para cualquier tarea que les fuera encomendada. Entre los trabajos desarrollados figuraban labores agrícolas, como la poda de viñas, reformas integrales de inmuebles y servicios de transporte y portes.

La investigación también ha revelado que algunas de las víctimas llegaron a trabajar durante años sin percibir salario alguno. Otras recibían pagos de cuatro euros por hora, cantidades de las que posteriormente se descontaban gastos relacionados con el consumo de tabaco y alcohol.

Asimismo, los agentes han constatado que algunas de estas personas llegaron a sufrir agresiones físicas cuando, debido a una enfermedad, no podían acudir a trabajar.

Uno de los episodios más graves detectados durante la investigación fue el fallecimiento de una de las víctimas. Según la Guardia Civil, esta persona decidió abandonar las condiciones impuestas por la organización y dejar de trabajar para el grupo. Posteriormente fue atropellada por tres vehículos cuando se encontraba en la carretera N-232, falleciendo a consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación comenzó cuando la Guardia Civil detectó indicios de que varias personas residentes en la localidad riojana de Rincón de Olivedo podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas.

Las primeras pesquisas permitieron centrar la atención en un núcleo familiar encabezado por una mujer conocida en el entorno como la “jefa”. Junto a ella actuaban su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos, quienes presuntamente coordinaban toda la actividad desde dos viviendas utilizadas como centro de operaciones.

El análisis patrimonial realizado durante la investigación reveló que las dos principales responsables del entramado llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias un total de 2.517.593 euros desde el año 2022, cantidades vinculadas principalmente a trabajos agrícolas.

Las investigaciones también han permitido determinar que diversos agricultores, viticultores y particulares de La Rioja Baja y de la Ribera de Navarra contrataron servicios prestados por este grupo.

En este contexto, una bodega y uno de sus directivos están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según la Guardia Civil, la empresa habría recurrido de forma continuada a los servicios del entramado criminal y llegó a abonar un total de 569.000 euros por los trabajos realizados.

Los investigadores sostienen que, en numerosos casos, los clientes eran conscientes de las condiciones de precariedad en las que trabajaban las víctimas.

Con toda la información recopilada, la Guardia Civil llevó a cabo siete registros en diferentes inmuebles vinculados a la organización.

Durante el operativo fueron intervenidos cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para su análisis y ocho vehículos, cinco de ellos de alta gama. Asimismo, se procedió al bloqueo de siete cuentas bancarias utilizadas por los investigados.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de distintas especialidades de la Guardia Civil, y continúa abierta mientras se analizan los efectos y la documentación intervenida durante los registros.