La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación laboral de trabajadores extranjeros en el norte de España. La operación se ha saldado con tres personas detenidas, una cuarta investigada y la identificación de 41 víctimas, todas ellas empleadas en obras de construcción ubicadas en Cantabria, Asturias y el País Vasco.
La investigación, denominada operación “Ambotan-Canapu”, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avanza el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos intervenidos.
Captaban a trabajadores vulnerables para emplearlos en la construcción
La investigación comenzó durante el verano de 2025, cuando la Policía Judicial de la Guardia Civil detectó indicios de una posible red dedicada a suministrar mano de obra barata para el sector de la construcción.
Los agentes apreciaron posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, los delitos contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.
Las pesquisas permitieron localizar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia, mientras que su sede económica se encontraba en Vitoria-Gasteiz.
Promesas de empleo y deudas de hasta 30.000 euros
Según la investigación, las víctimas eran trabajadores extranjeros que habían llegado a España tras realizar largos desplazamientos por distintas rutas migratorias, en algunos casos con escalas en países como Grecia e Italia.
Muchos de ellos viajaron atraídos por la promesa de conseguir un empleo estable y mejores condiciones de vida. Sin embargo, los investigadores comprobaron que algunos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje y su estancia en España, una circunstancia que aumentaba aún más su dependencia respecto a la organización.
La Guardia Civil considera que esa situación de vulnerabilidad era aprovechada por los responsables del entramado para controlar tanto sus desplazamientos como sus condiciones laborales.
Jornadas en distintas comunidades autónomas
Los investigadores detectaron que, al inicio de cada jornada laboral, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras, recorriendo en ocasiones cientos de kilómetros diarios.
En el caso de Cantabria y Asturias, debido a la distancia con respecto a la sede de la empresa, los trabajadores permanecían alojados durante la semana en viviendas cuyas condiciones también están siendo investigadas.
La Inspección de Trabajo se incorporó a la investigación
Ante los indicios detectados, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud del convenio existente con la Secretaría de Estado de Seguridad.
Durante las pesquisas también se tuvo conocimiento de varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a la organización. Al menos dos de ellos tuvieron que recibir asistencia médica en centros sanitarios antes de ser apartados de su actividad laboral.
Diez obras inspeccionadas y siete con irregularidades
La fase final de la operación se desarrolló el pasado mes mediante un amplio dispositivo conjunto entre la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil, con la participación de más de 70 agentes de las unidades USECIC del País Vasco, Cantabria y Asturias.
Durante el operativo fueron inspeccionadas 10 obras de construcción situadas en estas comunidades autónomas, detectándose presuntas irregularidades laborales en siete de ellas.
Los agentes identificaron a 41 trabajadores extranjeros vinculados a las empresas investigadas. Según las investigaciones, la mayoría utilizaba documentación perteneciente a terceras personas para acreditar su identidad debido a que se encontraban en situación administrativa irregular.
Inicialmente, muchos de ellos mostraron reticencias a colaborar con las autoridades y dificultaron la comprobación de su identidad y situación legal. Posteriormente, varios reconocieron haber pagado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para poder llegar a España y acceder a un empleo.
Tres detenidos y una investigación abierta
Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a tres responsables empresariales y mantiene investigada a una cuarta persona por su presunta implicación en los hechos.
Además, se practicaron tres registros en inmuebles y establecimientos situados en Bizkaia y Álava, donde se intervino abundante documentación y diversos dispositivos electrónicos que continúan siendo analizados.
Las comprobaciones realizadas permitieron determinar que 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Santander, que dirige la instrucción del procedimiento.
La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier situación relacionada con la explotación laboral, la trata de seres humanos o el favorecimiento de la inmigración irregular, subrayando que la colaboración ciudadana resulta esencial para proteger a las víctimas y perseguir este tipo de organizaciones.
