Liberadas ocho personas explotadas laboralmente en La Rioja: trabajaban hasta 16 horas al día y vivían en condiciones infrahumanas

La Guardia Civil ha desarticulado en La Rioja una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de trabajadores portugueses, una operación que ha permitido liberar a ocho víctimas que vivían y trabajaban en condiciones que los investigadores califican de extrema vulnerabilidad. La actuación se ha saldado con la detención de cinco personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar, acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

La denominada operación "Portus-Cale" se desarrolló en la pedanía riojana de Rincón de Olivedo, donde los agentes detectaron indicios de que varios ciudadanos portugueses estaban siendo sometidos a condiciones laborales abusivas por parte de otros compatriotas. Las primeras investigaciones permitieron centrar las sospechas en una familia que presuntamente controlaba todos los aspectos de la vida de las víctimas.

Según la investigación, los trabajadores eran obligados a realizar jornadas de entre 12 y 16 horas diarias sin descanso semanal ni festivos. Las víctimas desarrollaban labores agrícolas, trabajos de construcción, reformas de inmuebles y servicios de transporte, permaneciendo a disposición permanente de los responsables del entramado.

Los investigadores han constatado que algunas de las víctimas llevaban años trabajando sin recibir salario alguno. Otras percibían cantidades muy reducidas, alrededor de cuatro euros por hora, de las que posteriormente se descontaban gastos como tabaco, bebidas alcohólicas u otros conceptos impuestos por los propios explotadores.

La situación de dependencia se extendía también a las condiciones de alojamiento. Los trabajadores residían en inmuebles que carecían de condiciones mínimas de habitabilidad, con graves carencias higiénicas y sin servicios básicos adecuados. Además, los responsables del grupo les suministraban alimentos en mal estado y facilitaban el consumo de alcohol como mecanismo de control y aislamiento.

La investigación ha revelado igualmente episodios de violencia física. Los agentes documentaron agresiones contra algunos trabajadores cuando enfermaban o no podían acudir a desempeñar las tareas asignadas. El clima de miedo generado por los explotadores dificultaba que las víctimas denunciaran su situación o intentaran abandonar el entorno en el que permanecían sometidas.

Uno de los episodios más dramáticos conocidos durante la investigación tuvo como protagonista a una de las víctimas que decidió abandonar las condiciones impuestas por la organización. Cuando intentaba alejarse del entorno de explotación, fue atropellada en la carretera N-232 por varios vehículos, falleciendo como consecuencia del accidente. Los investigadores incorporaron este hecho a las diligencias para reconstruir completamente las circunstancias que rodeaban la actividad del grupo.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales responsables del entramado. Según la Guardia Civil, la organización estaba dirigida por una mujer conocida en el entorno como "la jefa", que actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Desde dos viviendas coordinaban tanto la actividad laboral como el control sobre las víctimas.

El análisis económico desarrollado por los investigadores puso de manifiesto la magnitud de los beneficios obtenidos. Las dos principales responsables llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias más de 2,5 millones de euros desde el año 2022 procedentes de trabajos agrícolas y otros servicios prestados a terceros. Parte de esos servicios fueron contratados por agricultores, viticultores y particulares de La Rioja Baja y de la Ribera de Navarra.

La investigación también mantiene bajo sospecha a una bodega y a uno de sus directivos por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según las diligencias, la empresa habría abonado alrededor de 569.000 euros al entramado por distintos servicios realizados durante los últimos años.

La fase operativa incluyó siete registros en inmuebles relacionados con la organización. Durante las entradas, los agentes intervinieron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación, ocho vehículos —cinco de ellos de alta gama— y bloquearon siete cuentas bancarias utilizadas presuntamente para canalizar los beneficios obtenidos mediante la explotación laboral.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra con apoyo de distintas especialidades de la Guardia Civil. Se trata de la tercera gran actuación contra la trata de seres humanos y la explotación laboral desarrollada en La Rioja Baja desde finales de 2025, una problemática que ha experimentado un notable incremento en la región durante los últimos años.