El PP registra una reforma para reforzar la protección jurídica de Policía Nacional y Guardia Civil frente al narcotráfico

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de reforzar la protección jurídica de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La iniciativa fue presentada este viernes por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante una visita a Tarifa (Cádiz), donde mantuvo un encuentro con representantes de asociaciones y sindicatos policiales. Según explicó, la propuesta pretende establecer reglas de actuación más definidas para aquellos escenarios en los que los agentes son atacados por organizaciones criminales que operan con creciente violencia, especialmente en el entorno del Estrecho de Gibraltar.

Durante su intervención, Gamarra defendió la necesidad de dotar a los agentes de un marco legal que les permita actuar con mayores garantías cuando se enfrentan a situaciones de riesgo extremo provocadas por redes dedicadas al narcotráfico.

Un nuevo artículo para regular situaciones de riesgo extremo

El eje principal de la reforma es la incorporación de un nuevo artículo 5 bis en la Ley Orgánica 2/1986. Este precepto establecería las circunstancias de necesidad absoluta en las que los agentes podrían emplear la fuerza, incluidas las armas de fuego, cuando sufran ataques directos mediante vehículos, embarcaciones o armas de fuego.

Según fuentes del Grupo Parlamentario Popular citadas por Moncloa la finalidad es ofrecer seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y evitar que actuaciones desarrolladas en contextos de especial peligrosidad puedan derivar posteriormente en procedimientos penales o disciplinarios.

La propuesta toma como referencia modelos legislativos implantados en países como Bélgica, Italia, Francia y Portugal, donde la regulación sobre el uso de la fuerza en situaciones de amenaza inmediata cuenta con un desarrollo normativo más específico.

Más medios y reconocimiento para las zonas más afectadas

Junto a la modificación legislativa, el plan contempla el refuerzo de medios humanos y materiales para las unidades que operan en áreas especialmente castigadas por la actividad de las redes criminales.

Entre las medidas planteadas figura la declaración del Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el valle del Guadalquivir como zonas de especial singularidad, una medida que permitiría incorporar incentivos específicos y recursos adicionales para los agentes destinados en estos territorios.

Asimismo, la propuesta incluye la revisión de protocolos operativos para mejorar la capacidad de respuesta en persecuciones marítimas y terrestres relacionadas con el narcotráfico.

Desde el Partido Popular se considera que la iniciativa responde a una demanda histórica de asociaciones y sindicatos policiales, que llevan años reclamando una regulación más precisa sobre el uso de la fuerza y una mayor protección jurídica para los agentes que intervienen en operaciones de alto riesgo.

La seguridad, en el centro del debate político

La propuesta fue respaldada en Tarifa por el coordinador nacional de Emergencias del PP, Antonio Sanz, quien defendió la necesidad de reforzar el apoyo institucional a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, Gamarra insistió en que la lucha contra el narcotráfico debe abordarse como una cuestión de Estado y reclamó una respuesta firme frente al incremento de la capacidad operativa y la violencia empleada por determinadas organizaciones criminales.

El Partido Popular enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia centrada en la seguridad, especialmente en aquellas zonas donde la presión del narcotráfico tiene una mayor incidencia. Andalucía ocupa un papel destacado en este planteamiento, especialmente el Campo de Gibraltar, donde desde hace años distintas instituciones y organizaciones profesionales vienen reclamando más medios y recursos para combatir la actividad de las redes criminales.

La proposición de ley iniciará ahora su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Popular confía en lograr apoyos suficientes para su tramitación, mientras que el debate sobre el nuevo artículo 5 bis y el alcance de la reforma marcará una de las próximas discusiones en materia de seguridad dentro de la Cámara Baja.

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-Periódico Policial: Quienes visten un uniforme no son invencibles. Son hombres y mujeres que cada día salen a la calle para proteger a los demás, enfrentándose en muchas ocasiones a personas violentas y a organizaciones criminales que no dudan en poner vidas en peligro. No pueden trabajar con las manos atadas ni carecer de los medios y el respaldo necesarios para cumplir su misión con seguridad.

La pérdida de respeto hacia la autoridad es una realidad que preocupa a muchos profesionales. Detrás de cada agente hay una familia que espera su regreso a casa al final de cada turno. Se juegan la vida para garantizar nuestra seguridad y merecen contar con el equipamiento, la protección y el reconocimiento que exige una profesión tan comprometida como la suya.