La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que presuntamente seleccionaba a personas mayores y vulnerables que vivían solas para generarles un endeudamiento progresivo y terminar apropiándose de la nuda propiedad de sus viviendas por cantidades muy inferiores a su valor real.
La investigación ha culminado con 32 personas detenidas como presuntas responsables de delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso inmediato en prisión del supuesto líder de la organización.
La operación ha permitido además conseguir el bloqueo registral de 47 inmuebles que, según la investigación, habían sido adquiridos mediante estas prácticas, así como bloquear cuentas bancarias y sociedades mercantiles hasta un límite de 4.000.000 de euros.
Los agentes realizaron diez entradas y registros en Madrid capital y en las localidades madrileñas de Valdemoro, Leganés y Getafe, además de actuaciones en Ciudad Real y Murcia.
La investigación comenzó por una denuncia en Alcalá de Henares
Las pesquisas se iniciaron en abril de 2025, después de que un familiar denunciara que una persona estaba siendo víctima de una presunta estafa en Alcalá de Henares.
A medida que avanzó la investigación aparecieron nuevas denuncias que presentaban un patrón similar.
El análisis conjunto de los casos permitió a los investigadores determinar la presunta existencia de una estructura coordinada, jerarquizada y con un reparto definido de funciones, cuyos integrantes actuarían de manera especializada y con intención de mantener su actividad en el tiempo.
La trama se ocultaba, según la Policía Nacional, bajo la apariencia de empresas dedicadas a la venta directa a domicilio de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura.
Contratos de financiación para generar una deuda creciente
El primer paso consistía en localizar a potenciales víctimas que respondieran a un perfil especialmente vulnerable.
Los investigados se fijaban en personas de edad que vivían solas y que, en determinados casos, presentaban limitaciones físicas o cognitivas. Otro elemento que facilitaba su actuación era la ausencia de una red familiar de apoyo.
A través de las empresas de venta a domicilio, los afectados acababan firmando contratos de financiación que generaban un endeudamiento cada vez mayor y difícilmente asumible.
La Policía sostiene que la creación de esa situación económica constituía una parte esencial del procedimiento empleado por la organización.
Las mismas víctimas recibían después una supuesta solución
Una vez generado el problema financiero aparecía una segunda parte del entramado.
Otras sociedades vinculadas a la organización se presentaban ante las personas afectadas como empresas jurídicas o intermediarios financieros capaces de resolver las deudas provocadas por las compras realizadas previamente.
De esta manera, quienes presuntamente habían contribuido a generar el endeudamiento aparecían posteriormente ofreciendo una vía para salir de él.
Según las pesquisas, letrados en ejercicio ofrecían a los afectados la posibilidad de conseguir la exoneración de sus obligaciones económicas mediante una denominada “segunda oportunidad”.
Sin embargo, esa supuesta solución terminaba suponiendo para las víctimas el pago de cantidades desproporcionadas a través de una nueva financiación, profundizando todavía más en su situación económica.
La vivienda terminaba convirtiéndose en la salida a la deuda
Cuando la situación financiera ya resultaba especialmente complicada, la organización ofrecía, según la investigación policial, una última alternativa: transmitir la nuda propiedad de la vivienda.
La operación se formalizaba por una cantidad muy inferior al valor real del inmueble.
La nuda propiedad implica transmitir la titularidad de un bien sin que ello suponga necesariamente disponer de su uso y disfrute mientras permanezca vigente el correspondiente derecho de usufructo.
El alcance de estas operaciones salía a la luz, en algunos casos, después del fallecimiento de los afectados.
Cuando los herederos legítimos iniciaban los trámites para ejercer sus derechos sucesorios, descubrían que las propiedades ya figuraban a nombre de personas diferentes a sus familiares.
La Policía Nacional considera que el sistema constituía una forma de explotación patrimonial de personas mayores, agravada en determinados casos por las limitaciones que presentaban algunas de las víctimas y por su situación de aislamiento.
Bloqueados 47 inmuebles
La fase operativa de la investigación se desarrolló entre los días 22 y 29 de junio.
Durante el dispositivo se llevaron a cabo diez registros distribuidos entre Madrid ciudad, Valdemoro, Leganés, Getafe, Ciudad Real y Murcia.
Una de las medidas más relevantes adoptadas durante las pesquisas ha sido el bloqueo registral de 47 propiedades presuntamente adquiridas mediante las estafas.
También se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias y sociedades mercantiles vinculadas a la investigación hasta alcanzar un límite de cuatro millones de euros.
La actuación policial pretende impedir que estos activos puedan ser transmitidos o utilizados mientras continúa el procedimiento correspondiente.
32 detenidos y el presunto cabecilla, en prisión
El operativo terminó con 32 arrestados, a quienes la Policía Nacional atribuye presuntamente delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Todos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
En el caso de quien los investigadores consideran cabecilla del grupo criminal, se decretó su ingreso inmediato en prisión.
La investigación describe así un procedimiento escalonado: primero se localizaba a personas mayores en situación de vulnerabilidad; posteriormente se generaban deudas mediante productos financiados; después aparecían sociedades que ofrecían resolver los mismos problemas económicos y, finalmente, la vivienda de los afectados se convertía en la fórmula planteada para saldar el endeudamiento.
Balance de la operación: 32 personas detenidas, diez entradas y registros, 47 inmuebles bloqueados registralmente y bloqueo de cuentas bancarias y sociedades mercantiles hasta un límite de 4.000.000 de euros. El presunto responsable principal de la organización ha ingresado en prisión.
Fuente: Policía Nacional. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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